El tercer y último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) carece de hallazgos importantes, solo arroja números de detenidos y de análisis de restos óseos, reitera que el Ejército ya entregó la información que tiene en su poder y enfatiza la visión de la responsabilidad del grupo criminal Guerreros Unidos en contubernio con autoridades locales, exculpando la participación directa de los militares.

A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, se tienen 135 expedientes en trámite, 151 personas procesadas, 3 más pendientes de extradición y más de 1,500 indicios de restos humanos analizados solo en el último año provenientes de la Fiscalía de Guerrero, revela la Covaj.

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De las personas procesadas, apunta que 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 están compurgando medidas cautelares diferentes a la prisión.

Sobre las búsquedas se precisa que en este gobierno se ha buscado a los normalistas desaparecidos en un total de 858 sitios, en nueve municipios de Guerrero. Y se desglosa que en lo que va de 2024 se han realizado búsquedas en 294 sitios, lo que representa un aumento de 341% en comparación con los sitios intervenidos en el 2023. Este último señalamiento deja mal parado al anterior presidente de la Covaj y exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El informe señala también que se revisó exhaustivamente toda la información existente del caso, lo que reveló que muchos restos óseos aún no habían sido analizados ni se les había extraído su perfil genético para la confronta con las bases de datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este descubrimiento, se precisa en el documento, motivó una colaboración entre la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero para identificar más de 1,500 indicios pendientes de análisis, de los cuales 132 fueron considerados de interés por sus características, el tiempo y lugar de su hallazgo, pero al final no coincidieron con los perfiles de los estudiantes.

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Además, se especifica que se estudiaron otros 12 indicios, entre estos siete restos óseos, dos cráneos y tres bolsas de papel kraft, pero también dieron resultados negativos. En tanto que de otro paquete de muestras se analizaron 41 indicios, entre estos 33 cajas de cartón y cinco bolsas con huesos humanos de las que se recolectaron 129 muestras, aunque tampoco hubo resultados coincidentes con los estudiantes de Ayotzinapa.

Esta Comisión responsabiliza, en este su tercer y último informe, al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -que estaba prestando asistencia en la recolección e identificación de indicios y que terminó su labor en el país- de retardar el análisis de varios de los indicios, aunque al final señala que los resultados de estos no fueron tampoco coincidentes con los normalistas.

Covaj trabaja en extradiciones

La Covaj también sostiene en el documento que trabaja coordinadamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR para lograr las extradiciones de tres personas que han sido vinculadas a este caso: Tomás N, Abraham “N” y Ulises “N”, en particular en la revocación del asilo político otorgado a este último para que declare sobre lo sucedido con 17 estudiantes que posiblemente fueron llevados a la comandancia bajo su responsabilidad como juez.

En el documento se expone que la Fiscalía Especial continúa en la labor de sanear las investigaciones y solicitar nuevas órdenes de aprehensión “a pesar de los efectos de la sentencia del amparo en revisión 203/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas que liberó a 65 probables implicados en la desaparición de los estudiantes”.

En cuanto a los documentos solicitados por las madres y padres de los normalistas, el informe reitera que el Gobierno de México ha entregado toda la información proporcionada por la Sedena, la última entrega consistente en 15 folios del Centro Regional de Fusión e Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados a éstos y otros folios encontrados en los archivos de la Covaj.

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Sin embargo, los padres de familia de los jóvenes desaparecidos han reiterado que aún no se han entregado más de 800 documentos a las cuales se les ha llamado folios o folios militares que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –que trabajó dando apoyo técnico en la investigación del caso– señaló que faltaban entre los archivos que el Ejército reveló, y en los que puede haber información relevante para saber qué pasó con los estudiantes.

Otro de los señalamientos del informe es que se intensificó el diálogo con personas que pudieran tener información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos, lo que permitió obtener información sobre sitios de búsqueda en los que se trabaja actualmente.

Pero agrega que si no se ha localizado a los jóvenes es porque hay un acuerdo entre "delincuentes para guardar silencio y protegerse entre sí".

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También señala que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una primera comunicación a los padres, en la que se expone la visión del gobierno que enfatiza la participación del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes actuaban en contubernio con autoridades locales.

"Las organizaciones, periodistas y organizaciones han minimizado este enfoque. No obstante, la identificación de dos de los estudiantes desaparecidos fue a través de información proveída por ellos (por testigos protegidos que presuntamente pertenecen a Guerreros Unidos)", se lee en el informe.

"Esta visión - se asienta en el texto- no excluye las omisiones o responsabilidades de personas o autoridades que tuvieran conocimiento en estos hechos".

Finalmente, al Covaj apunta a que no descartarán ninguna línea de investigación y seguirán trabajando para sumar todos los indicios que les permitan “encontrar a los jóvenes, sancionar a los responsables, dar con la verdad, hacer justicia y que estos terribles hechos nunca más se repitan”.

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