Familiares de fallecidos y sobrevivientes acusan que el gobierno mexicano no les ha cumplido la promesa de darles una reparación integral del daño, a pesar de que aseguraron que lo harían
José era rápido como pocos para colocar pisos y hacer trabajos de remodelación. Así se ganaba la vida. Pero ahora nadie quiere darle empleo. Le falta su mano derecha y tiene quemaduras en la izquierda. Se fatiga pronto. Lo aqueja una tos fuerte, con la que expulsa flemas negras. También tiene dolor en sus riñones. Estando así, los empleadores no quieren tenerlo más de dos días. Ya no tiene como sostener a su familia: esposa, una hija y sus padres, adultos mayores.
Él es uno de los sobrevivientes del incendio del 27 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el que resultaron muertos 40 migrantes y 27 quedaron con heridas graves. Del gobierno mexicano no ha recibido ningún apoyo económico. A un año del siniestro, la reparación del daño por parte de las autoridades mexicanas no ha llegado. Ni él ni ninguno de los otros 26 sobrevivientes la han recibido.
José, nombre ficticio para proteger su identidad, salió de Guatemala con la ilusión de llegar a Estados Unidos para ganar más y sostener a su familia. Ahora está sin poder encontrar un empleo.
Desde Estados Unidos, donde ya se encuentra, alojado en la casa de un amigo, platica con N+ sobre su vida, antes y después del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
Yo era una persona que podía hacer cualquier cosa. Trabajaba duro para sostener a mi familia. Era también una persona que se miraba al espejo y estaba completo, ahora me falta mi mano, tengo quemaduras en el rostro, en el 70% de mi frente y la autoestima por los suelos.
Después de sobrevivir al siniestro, José estuvo entubado 25 días y permaneció casi dos meses hospitalizado, primero en Ciudad Juárez y luego en Ciudad de México.
Cuando lo dieron de alta, vivió cuatro meses en hoteles - pagados por el gobierno mexicano - junto con su padre, que vino a México para cuidarlo.
Fue con ayuda de organizaciones de la sociedad civil como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Fundación para la Justicia, quienes le ayudaron a tramitar y conseguir un parole humanitario (un permiso de residencia temporal otorgado por razones humanitarias urgentes), que José pudo ingresar a Estados Unidos, donde está desde hace unos cinco meses.
En Guatemala, la esposa de José trabaja algunos días en un comedor, pues tiene que cuidar a la hija de ambos, ahora de un año y ocho meses. Entre lo que gana ella y lo poco que puede mandar José se van sosteniendo, pero las necesidades son muchas.
En octubre de 2023, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, aseguró, en una visita a Chihuahua, que ya se habían empezado a pagar las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
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Pero José dice que aun sus abogados no han recibido una propuesta concreta de indemnización, a un año de los hechos. Tampoco Delmis Jiménez, esposa de Alis Dagoberto Santos, fallecido en el incendio del 27 de marzo, ha recibido compensación alguna.
De hecho, cuenta que una funcionaria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Secretaría de Gobernación, a quién le pidió información sobre la indemnización le dijo que no tenía datos y la bloqueó de WhatsApp.
N+ solicitó una entrevista con el Instituto Nacional de Migración (INM) y con la Secretaría de Gobernación, para saber por qué no se han cubierto todas las indemnizaciones a las familias de los fallecidos y a los sobrevivientes, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Pero en un comunicado, el INM reconoció que solo le ha dado indemnización a 29 familias de fallecidos y a ningún sobreviviente.
A un año del siniestro, Delmis y su familia, tres hijos (de 20, 18 y 14 años), una nuera y dos nietos, están viviendo en la casa de la hermana de Alis, quien los mantiene. Delmis y los suyos entraron a Estados Unidos, sin ayuda de ningún gobierno, y aún no tienen permiso para trabajar. El proveedor de la familia era Alis.
Ellos salieron Honduras por la inseguridad de las pandillas. Iban todos juntos, pero en Chiapas, Alis decidió que él seguiría solo rumbo a la nación norteamericana y después mandaría por ellos con un "guía", para evitar riesgos, ya habían sido víctimas de un secuestro para entonces.
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En Chiapas se enteraron de que Alis estaba entre los fallecidos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Regresaron a Honduras para velarlo, los gastos del viaje los pagaron ellos. Después se regresaron a México para emprender el viaje a Estados Unidos.
"No teníamos donde quedarnos. Regresamos en junio a México. Estuvimos en Chiapas. Ahí pedimos a la COMAR (la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) que nos dieran la visa humanitaria para poder viajar sin problemas por el país, pero nos la negaron. Entonces agarramos para Coatzacoalcos, Veracruz. Estuvimos 14 días viviendo debajo de un puente, en la parada donde la gente se monta al tren. Había días que la pasábamos sin comer, con pura agua. Comprábamos tajadas de plátano y un tomate y se lo dábamos solo a los niños".
En Veracruz volvieron a retenerlos y pedirles dinero para liberarlos. "El grupo criminal que mandaba en la zona nos pidió mil 500 por persona para no matarnos. No traíamos ya ese dinero. Le tuve que hablar a mi cuñada y contarle lo que pasaba. Ella mandó para que nos liberaran".
Ya en Ciudad de México, donde consiguieron alojarse en un albergue de la sociedad civil, la familia buscó la cita, a través de la aplicación CBPOne, para iniciar el tramite de asilo en Estados Unidos, consiguieron obtenerla. La cuñada de Delmis pagó los vuelos. Desde noviembre de 2023 están allá. Pero con la zozobra de qué pasará con su situación migratoria y sin permisos para poder trabajar.
Ha sido un camino como un desierto, de mucho sufrir, de mucho peligro y hambre y dolor.
Delmis cuenta que en las reuniones y charlas que tuvo con la CEAV le aseguraban que iban a pagarle todo, hasta el saldo del teléfono que usó para lograr sacar la cita en CBPOne, dice que le decían que tuviera las cuentas de todo porque se lo pagarían, pero eso no ha pasado.
Además de la reparación del daño, Delmis y José piden también justicia. José reitera que nadie les abrió la puerta de la celda en la estación migratoria para que pudieran salir. "Les pedíamos a gritos que nos abrieran, les decíamos que nos íbamos a morir ahí, pero no abrieron, ni los agentes de migración ni los guardias. Lo que hicieron con nosotros no tiene nombre".
Yesenia Váldez Flores, abogada y coordinadora de Defensa Legal en la organización Fundación para la Justicia, donde llevan el caso de 17 sobrevivientes del incendio, señala que la reparación del daño no se ha entregado a las familias de todas las víctimas y menos a los sobrevivientes, pese a que incluso hay ya una recomendación al respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que, entre otras medidas, pidió a la Secretaría de Gobernación impulsar acciones y medidas de prevención para que el INM garantice la reparación integral a las víctimas.
Hasta el momento, dice la abogada, solo tienen conocimiento de que se ha entregado el dinero a una familia, y que ya iniciaron los trámites para algunas más, pero de las 17 familias y sobrevivientes que Fundación para la Justicia acompaña ninguna ha recibido nada.
Sobre en qué punto está el proceso o qué explicación les dan las autoridades para no haber entregado la compensación, Váldez Flores sostiene que solo les dicen que se están integrando los expedientes.
Del acceso a la justicia, la abogada precisa que el caso sigue todavía en investigación y sin llegar a juicio. Francisco Garduño está vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en una serie de omisiones que ocasionaron el incendio, pero está enfrentando el proceso en libertad y el gobierno de México lo mantiene como comisionado del INM.
Junto con él hay otros siete funcionarios acusados ante la Fiscalía General de la República por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes venezolanos y un guardia de seguridad privada de la estación también están en la cárcel por su presunta responsabilidad en el incendio y el deceso de las personas en situación de movilidad.
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