La Ley General de Extorsión establece una pena de 6 a 15 años de prisión y aumentará hasta 25 años de cárcel si el delito lo comete un servidor público
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, hoy martes 28 de octubre de 2025.
Después de 10 horas y media, el aval fuecon 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, por lo que el dictamen se envía al Senado.
El documento deriva de una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que establece un marco jurídico unificado, con tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país para el delito de extorsión.
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Se contempla que este ilícito se investigue de oficio y se garantice la protección integral de las víctimas y sus familias, "asegurando su identidad, su seguridad y su reparación del daño".
La nueva ley contra la Extorsión se aprobó en lo general y por unanimidad de 456 votos, y se registraron 185 reservas para discutirse en lo particular.
Aunque todos los partidos avalaron la nueva Ley en lo general, la oposición advirtió que la disminución de la pena mínima a 6 años afectará a estados donde actualmente son superiores las sanciones de cárcel.
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"¿Qué hizo el gobierno? Bajarlo a 6 años, pero no se dieron cuenta o mañosamente lo hacen, porque en estados como Baja California, mi estado, la sanción mínima ya es de siete años.
"Eso se traduce en que hay delincuentes sentenciados por extorsión que van a salir libres en Tijuana, en Mexicali", dijo el diputado panista César Damián.
El PRI subió a tribuna con carteles para responsabilizar a Morena del incremento de la extorsión.
El diputado Emilio Suárez Licona, del tricolor, expuso que se modifica la redacción del dictamen en aspectos secundarios, sin atender vicios sustantivos ni deficiencias estructurales.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, dijo que con las adecuaciones a los artículos 16 y 18 se sustituye la expresión "firmar un acto jurídico" por "celebrar un acto jurídico". Con ello, señaló, se clarifica la redacción relativa a la afectación económica de una entidad federativa.
Cobro de piso
Violencia
Montachoques
Imposición de precios a productos o servicios
La comisión contra candidatos a cargos de elección popular
Afectaciones a migrantes o menores de edad
Secuestro virtual" o simulación de ser servidor público
La propuesta presidencial para crear esta nueva Ley General establece un tipo penal por el delito de extorsión para todo el país, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y podría aumentar en una tercera parte por agravantes.
Y contempla 34 agravantes divididas en 3 categorías.
Por lo que las penalidades aumentarán hasta 25 años de cárcel cuando el delito se cometa por un servidor público, intervengan personas armadas, se utilicen a menores de edad o se afecte la economía de un estado.
Además, contempla penas de 3 a 8 años de prisión para delitos vinculados a la extorsión, por ejemplo, para quien sin autorización introduzca a las cárceles teléfonos celulares, y de 8 a 20 años a la autoridad penitenciaria que facilite los medios para la comisión del delito.
Se modificaron 8 artículos, entre ellos, para disminuir la pena de 5 a 12 años en lugar de 10 a 20 años de prisión, a servidores públicos que tengan atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución, así como de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público o la Policía, la comisión del delito de extorsión.
Otra reserva aprobada fue para hacer improcedente la extinción de dominio de los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno, para la reparación del daño causado por este delito.
Con la Ley contra la extorsión, al ser un delito que se persiga de oficio, se podrá denunciar vía telefónica o a distancia, para proteger a las víctimas.
Para daño patrimonial o delitos de menor lesividad
Incrementar las penas hasta un tercio de las consideradas en el tipo penal básico. Serían aplicables al cobro de pisoImposición de precios, cometan el delito usando el sistema financiero nacional o a quienes extorsionen a candidatos a cargos de elección popular.
Cuando el delito se cometa en contra de grupos poblacionales vulnerables (migrantes, personas adultas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o personas que tengan relación afectiva con la víctima).
La iniciativa plantea incrementar las penas contempladas en el tipo penal básico entre un tercio y un 50%.
Para los casos de afectaciones sobre la integridad de la víctima o su patrimonio, uso de violencia, armas de fuego, uso de menores de edad o cuando en el delito participen personas servidoras públicas.
La iniciativa propone incrementar las sanciones del tipo penal básico entre un cincuenta y un 60% y 6% por ciento (dos tercios).
El objetivo es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados; el tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión.
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Con información de N+
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