La reforma constitucional que establece nuevas reglas sobre la doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, explicó Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República.
Alcalde señaló que la reforma ya fue aprobada por el Senado de la República y ha sido avalada por 20 entidades federativas, como parte del proceso para modificar la Constitución. De acuerdo con lo explicado por la funcionaria, una persona que tenga doble nacionalidad deberá renunciar a una nacionalidad distinta a la mexicana antes de solicitar su registro como candidata o candidato a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer el requisito de nacionalidad única para quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También contempla que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad ni utilizar documentos de identidad extranjeros.
El Senado de la República aprobó la reforma en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra. La propuesta fue respaldada por Morena y sus aliados, mientras que legisladores de oposición señalaron que podría afectar los derechos políticos de mexicanos migrantes.
La consejera jurídica explicó que el régimen transitorio establece que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral correspondiente a 2028, debido a que ya no es posible realizar modificaciones legales que tengan efectos sobre el proceso electoral en curso.
Una vez que concluya el proceso de reforma constitucional, deberán realizarse adecuaciones a la legislación secundaria para establecer las reglas y procedimientos relacionados con la renuncia a una nacionalidad distinta a la mexicana. El proyecto contempla modificaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.