La SCJN determinó que los funcionarios de la FGR incumplieron una orden judicial que instruía informar sobre el paradero de las joyas aseguradas al empresario turco Apel Çelik, en 2014
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación de dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), por haber incumplido una orden judicial que instruía informar sobre el paradero de las joyas aseguradas en Quintana Roo al empresario turco Apel Çelik, con un valor superior a los 235 millones de pesos en 2014.
Se trata de Celia Almaguer Hernández, quien tenía el cargo de directora general adjunta de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía, y de Víctor Manuel Munguía Baltazar, ministerio público.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN, señaló:
Las autoridades no sólo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento, además, en mí opinión, incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados
El asunto se remonta a 2014, cuando a través de una denuncia anónima, se supo del tráfico ilegal de diamantes y piedras preciosas en al menos seis empresas.
Durante el proceso de investigación, un tribunal ordenó, a través de un amparo, que se informara a los indiciados sobre el paradero de las joyas a fin de cotejarlas con facturas que buscaban presentar como pruebas de propiedad, fue entonces cuando se supo que los artículos de lujo habían desaparecidos de la bóveda de la entonces SIEDO.
Para el ministro González Alcántara Carrancá, los funcionarios tienen responsabilidad debido a que aun sabiendo de la existencia del amparo permitieron que se emitiera una declaratoria de abandono sobre estos bienes, y con ellos fueron entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
"Yo creo que sí existe una dolosa complicidad, a todas luces, de querer encubrir, primero, a los ministerios públicos, cambiándolos, asignándole a otra persona nueva que diera responsabilidad, con él se acerca a la jueza y le dice: me están dando noventa tomos, más de sesenta y seis mil fojas, no puedo responder en tres días y dar cumplimiento, deme un poco más de tiempo. Y en ese inter, sin informarle a la jueza de Distrito que ya se había ordenado la entrega de los bienes para ser rematados, me parece que hay una omisión que no se justifica", señaló Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En otro asunto, se desechó la solicitud del Congreso de Nuevo León para que la ministra Margarita Ríos Farjat, oriunda de ese estado, se declarara impedida de conocer las controversias promovidas por el gobernador Samuel García, quien acudió a la Corte para que el Pleno resuelva la validez del procedimiento con el que los legisladores locales buscan destituir a su secretario General de Gobierno.
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