La presidenta de México condicionó la intervención federal en el Centro Penitenciario tras manifestaciones de familiares de reos que acusan extorsiones
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Familiares de reos en Puebla denuncian presuntas extorsiones en el penal de San Miguel. Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta responden ante problemática.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que se mantiene en contacto con el gabinete de seguridad del Gobierno de Puebla para atender la problemática que hay entorno al penal de San Miguel donde se señalan presuntos actos de corrupción, entre otras irregularidades.
Durante la ‘mañanera’ dijo que la federación intervendrá cuando exista la solicitud de las autoridades estatales.
Esto agregó Claudia Sheinbaum: “Tiene que ser a solicitud del Gobierno del Estado de Puebla, ya ha habido otros casos así, por ejemplo el penal de Sinaloa, constantemente hay intervención de las fuerzas federales (...) entonces si es el caso tiene que ser a solicitud del Gobierno de Puebla.
En respuesta, el gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció el apoyo y respaldo de la presidenta , esto mencionó: “Debo decirles que la Guardia Nacional, la Sedena están permanentemente supervisando, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, los penales; ellos hacen recorridos, entonces claro que agradecemos, claro que necesitamos el apoyo y claro que trabajamos en equipo, claro bajo la responsabilidad que tiene el gobierno de ese penal”.
El mandatario dijo que en breve podrían darse traslados a penales de máxima seguridad a algunos reos quienes han sido identificados como los responsables de realizar los actos de extorsión e intimidación.
Este no es un tema reciente, sin embargo, el pasado 10 de noviembre, familiares de reos se manifestaron en diferentes puntos de la capital y zona metropolitana de Puebla.
Grupos de personas realizaron bloqueos simultáneos en al menos diez vialidades importantes, entre ellas el Periférico Ecológico, la autopista México-Puebla, la 11 Sur y la Vía Atlixcáyotl.
De acuerdo a los manifestantes, los reos deben de pagar cuotas que van desde los 30 mil hasta los 300 mil pesos mexicanos para que no sean golpeados por otros reclusos; esta información no ha sido corroborada por las autoridades, sin embargo, ya investigan las presuntas extorsiones que se viven en el Centro Penitenciario de San Miguel.
Los manifestantes liberaron las vialidades luego de llegar a un acuerdo con Rodolfo Huerta Espinosa, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, quien reiteró su promesa de instalar mesas de diálogo para investigar las denuncias.
Entre las demandas, también piden mejores condiciones para los reos quienes se encuentran presuntamente en hacinamiento.
Con información de N+
MCS
