A su Llegada a México, Inés ’N’ Enfrentará Tres Órdenes de Aprehensión, Dice FGR
Su detención fue por su situación migratoria; Estados Unidos decidirá si la deporta
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Su detención fue por su situación migratoria; Estados Unidos decidirá si la deporta
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Inés ’N’, exconductora de televisión prófuga desde hace cinco años, enfrentará tres órdenes de aprehensión en cuanto llegue a México, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR). Fue detenida el 30 de octubre en Miami, Florida, por autoridades migratorias de Estados Unidos, que son las que deben resolver si la deportan.
Su captura obedece, por ahora, a su situación migratoria y no a los delitos que se le atribuyen en México, precisó la fiscal general en un mensaje difundido este lunes. Si Estados Unidos determina su deportación, la FGR ejecutará las órdenes a su arribo al país.
La Fiscalía la busca desde que salió de México. En septiembre de 2025 pidió a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición —el trámite mediante el cual un país entrega a una persona requerida por la justicia de otro— y, junto con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal. En las últimas semanas intercambió información con autoridades de ese país y les entregó las órdenes vigentes.
Las tres órdenes fueron libradas por jueces federales mexicanos. Una, solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, es por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita —lo que se conoce como lavado de dinero—. Las otras dos, pedidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, son por defraudación fiscal equiparada, es decir, conductas que la ley sanciona como defraudación al fisco.
Inés ’N’ y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionados con un presunto esquema de desvío de recursos públicos, simulación de contratos, uso de empresas factureras y lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Inés ’N’ habría recibido en sus cuentas personales dinero de origen ilícito, producto del desvío de recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la dependencia a cargo de los centros penitenciarios federales, cuyo presupuesto se destina a la seguridad del sistema penitenciario. El dinero habría circulado por empresas fantasma —firmas que simulan operaciones para sacar recursos del erario y ocultar su destino— a través de contratos con ese órgano.
La Fiscalía sostiene además que habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que habría dejado de pagar más de 13 millones de pesos en impuestos.
La FGR recordó que, por la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos los que determinen su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.
CT
