La normativa surge como respuesta a preocupaciones sobre la salud mental, la concentración académica y la convivencia social, basándose en recomendaciones de organismos internacionales y estudios
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El anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre los límites del uso de celulares, tabletas y otros dispositivos digitales en las escuelas públicas y privadas ha generado una gran controversia en los últimos días, con opiniones en contra y a favor.
Y es que el Acuerdo número 09/09/26, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, es una norma de carácter nacional con la que se busca regular el uso de dispositivos digitales personales en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. La medida responde a diagnósticos pedagógicos y evidencias internacionales que alertan sobre los efectos negativos del uso inadecuado o no regulado de pantallas en la atención, la salud mental, el desarrollo cognitivo y la convivencia escolar.
En lugar de aplicar un criterio único, el acuerdo oficial establece disposiciones adaptadas a la etapa de desarrollo de las y los estudiantes:
Educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria): Se aplica la restricción del uso de celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos durante toda la jornada escolar. Únicamente podrán utilizarse con una intencionalidad pedagógica previa bajo orientación docente, o por razones de salud, discapacidad, inclusión y emergencias personales.
Educación media superior: Se implementa un modelo de corresponsabilidad y diálogo comunitario mediante asambleas escolares. Cada plantel acordará sus reglas, pudiendo adoptar modalidades como el resguardo de equipos al inicio de clases, uso limitado a ciertos espacios o recesos, días de uso programado o restricción total.
Educación superior: En pleno respeto a la autonomía universitaria, se fomentará el uso ético, seguro y crítico de las herramientas digitales mediante acuerdos construidos en cada institución.
Para priorizar un enfoque formativo y preventivo sobre uno exclusivamente punitivo, la SEP integró tres decálogos orientadores que sirven como punto de partida para cada comunidad educativa:
1. Decálogo de Educación Básica: Fomenta que las niñas y niños aprendan y convivan en el aula sin depender de pantallas. Destaca aspectos como guardar el celular durante las clases, apagar los dispositivos por la noche para descansar, disfrutar juegos tradicionales durante el recreo y comunicarse sin recurrir al ciberacoso o a la toma de fotos sin consentimiento.
2. Decálogo de Educación Media Superior: Enfocado en la autorregulación de las y los adolescentes, promueve su participación en la definición de reglas escolares, la concentración en la lectura y el aprendizaje, el uso pedagógico de aplicaciones, la protección de la privacidad y la prevención de la violencia digital.
3. Decálogo de Educación Superior: Promueve una ciudadanía digital crítica y ética en el ámbito universitario. Insta a valorar las experiencias presenciales, utilizar la tecnología sin sustituir el pensamiento y esfuerzo propios, combatir la desinformación verificando fuentes y aprender a desconectarse para reflexionar en el aula.
El Acuerdo 09/09/26 entra en vigor el 3 de noviembre. Sin embargo, a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades educativas deberán realizar asambleas comunitarias con madres, padres de familia, tutores y docentes para difundir el contenido, sensibilizar a la comunidad y acordar la implementación concreta en cada escuela.
La normativa surge como respuesta a preocupaciones sobre la salud mental, la concentración académica y la convivencia social, basándose en recomendaciones de organismos internacionales y estudios sobre los efectos negativos del uso excesivo de tecnología.
En la educación básica, se impone una restricción general durante la jornada escolar, mientras que en los niveles medio superior y superior se promueve un enfoque de autonomía y consenso. El acuerdo incluye decálogos orientadores que buscan transformar la cultura digital de los estudiantes mediante la corresponsabilidad entre docentes y familias. Finalmente, se destaca que estas medidas priorizan el bienestar integral de la niñez y la juventud por encima de un enfoque meramente punitivo.
TLS
