Después de la batalla por demostrar su inocencia, Jessica Fonseca iniciará otra batalla, ahora para que el Estado le compense al menos parte de todo el perjuicio que sufrió por haber ido a la cárcel
Estando en prisión, Jessica Fonseca perdió su trabajo, su casa, casi todas sus pertenecías. También perdió su juventud y ver crecer a su hija, además de la salud y la vida de su madre, quien murió de un infarto después de años de lucha por sacar a su hija de la cárcel.
Jessica estuvo seis años y dos meses en prisión por un delito que no cometió. Al final un juez la absolvió y pudo salir libre, pero no obtuvo ni una disculpa, menos la reparación del todo el daño que le ocasionó estar en la cárcel injustamente.
Era un día de julio del año 2015 cuando Jessica y su papá se encontraron en un semáforo, de Calzada México-Tacuba, en la Ciudad de México, con una mujer migrante, procedente de El Salvador. Ella les pidió auxilio. Les dijo que acababa de escaparse de una bodega, junto con su hija, donde un grupo criminal las tenía secuestradas. Las subieron al automóvil. Ofrecieron llevarlas con la policía para que levantaran una denuncia, pero la mujer les dijo que no, que quienes la habían privado de la libertad estaban coludidos con la autoridad, que la matarían.
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Jessica, de entonces 23 años, decidió darles alojamiento por aquella noche en su casa. La mujer migrante y su hija durmieron en el sofá. Al otro día, la salvadoreña le suplicó que por favor no la desamparara, que le diera trabajo, que le ayudaría a limpiar el departamento. Así lo hicieron y las semanas pasaron.
Pero el 14 de agosto del 2015, cuando Jessica regresaba de desayunar junto con su hermano, irrumpió en su casa la policía. "Llegaron unos 40 elementos, nos apuntaron, me gritaban que yo tenía secuestrada a la señora", cuenta.
La ahora vendedora de tacos señala que los policías la torturaron a ella y a su hermano. Dice que la aventaron de las escaleras de la casa, sufrió intento de abuso sexual, la patearon, le pegaron en la parte de atrás de la columna y le arrancaron las uñas. A su hermano lo golpearon tanto que tuvieron que trasladarlo a un hospital con convulsiones.
A Jessica la hicieron firmar papeles en blanco, bajo la amenaza de que si no lo hacía iban a ir por su mamá y por sus otros hermanos, y a su hija la iban a llevar al DIF, donde, le dijeron, la violarían. Por eso firmó, lo que después sería su confesión de haber secuestrado a la mujer migrante y a su hija.
Al principio, la salvadoreña sí declaró que Jessica solo estaba tratando de ayudarla, que sus secuestradores eran otros. Pero después desapareció. Ya no pudieron encontrarla. Aunque localizaron su domicilio en El Salvador, los familiares les dijeron que ya estaba viviendo en Estados Unidos.
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En México, la fabricación de culpables es una constante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, de las personas que están en una cárcel 44% reportó haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas, 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión.
Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Mientras que, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una.
A Jessica la trasladaron de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit, donde estuvo unos meses, después fue parte del grupo grande de mujeres que fueron trasladadas al Cefereso 16, en Morelos, exclusivo para mujeres y donde se han registrado numerosos suicidios por las malas condiciones de esa prisión.
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Una de las cosas que más les afecta a las mujeres en este penal es el alejamiento de sus familias. La de Jessica no podía visitarla. "Mi mamá se quedó a cargo de mi hija, así que o trabajaba para sacar adelante a la niña y cubrir mis gastos o gastaba en el traslado para irme a ver. Cuando salí, tenía dos años sin ver a mi niña".
La madre de Jessica dio una dura batalla para que ella saliera de prisión, hacía marchas, iba a ver a cuanto funcionario podía. Murió de un infarto a los 52 años, un año antes de que su hija pudiera salir del Cefereso 16.
Cuando murió yo tenía dos años sin verla, porque no me podía visitar. Ya no pude despedirme de ella. Una tarde me avisaron que había muerto. Ella iba a ir a verme al día siguiente y ya no pudo. Me quedé con muchas ganas de verla. Para mí su perdida fue enorme. Lo que más me pesa es no haber encontrado ya a mi mamá.
También le pesa haberse perdido la infancia de su hija, quien tenía seis años cuando Jessica entró a prisión. "Mi hija se quedó con mi mamá, ella tenía que sostenerla, después cuando mi madre murió, se tuvo que quedar con mi abuela. Tuvo mucha inestabilidad y sufrió mucho en la escuela, porque en las noticias se publicó que éramos parte de una banda de secuestradores de indocumentados. Ahora no está bien, se autolesiona".
Jessica es de esos raros casos en los que se absuelve a la persona privada de su libertad. Después de seis años y dos meses en prisión, un juez determinó que no era culpable, para lo cual tomó en cuenta la tortura, que ya se había acreditado bajo el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).
Ya hace dos años que Jessica salió de prisión. Pero sigue con secuelas por los golpes que sufrió durante la tortura, tiene dolores intensos en la columna y en las rodillas. También padece crisis de ansiedad y durante varios meses le costó conciliar el sueño.
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Además, dice que al volver a la libertad había perdido casi todo lo material, como su casa, que estaba pagando, y muchos objetos que, acusa, los policías robaron el día de la detención, como una Tablet, pantallas y computadoras. Su mamá tuvo que pedir prestado a redito muchas veces y empeñar cosas.
Cuando salí no tenía nada. Me fui a vivir con mi abuelita, con quien estaba mi hija también. Después me fui a otra casa, con mis hermanos menores, que tienen 16, 18 y 21 años. Para sostenerme abrí con mi otro hermano (el que también fue encarcelado y ya fue también liberado) un puesto de tacos.
Así, poco a poco se ha ido levantando. Y ahora emprenderá el largo camino de buscar la reparación del daño por haber sido encarcelada siendo inocente.
José Luis Gutiérrez, director de la organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) señala que son muy pocos los casos (no hay una cifra oficial de cuántos) en los que se consigue esta reparación, porque es muy difícil que el Estado reconozca que se equivoco y la persona resulte absuelta.
Lo que hacen, explica Gutiérrez, es que aunque no haya elementos para condenar a una persona, le terminan dando una sentencia (cuando es inocente) por el tiempo que ya estuvieron en prisión, para efectos de que al no ser declarados absueltos, no puedan exigir la reparación ni el Estado tenga que admitir que tiene a inocentes en la cárcel.
Hemos tenido varios casos así, tuvimos uno, por ejemplo, de una persona que llevaba 20 años en prisión preventiva, siendo inocente, y lo sentenciaron a 20 años y un día, para que al día siguiente pudiera salir de prisión, pero sin absolverlo.
Incluso, prosigue, hay casos en los que la autoridad presiona para que el inculpado acepte un juicio abreviado, "porque como no tienen capacidad de llevarla a juicio, pero para no absolverlo, le dice, acepta tu responsabilidad y te pedimos menos años, y los hacen declararse culpables". También sucede que los dejan en libertad por un delito, pero les imputan otro y entonces no quedan absueltos.
Cuando se logra la absolución, todavía hay que llevar una larga lucha por la reparación del daño. Ruth Zenteno, integrante del área de Litigio Estratégico del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) señala que el proceso para esto es complicado.
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Si bien desde 1999 hubo una reforma en la Constitución que establece en el artículo 113 lo que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado, vinculada a una actividad administrativa irregular; es decir, si una persona servidora pública realiza una actividad que no tiene autorizada, está incurriendo en una actividad administrativa irregular y si esto genera un daño entonces se puede establecer la responsabilidad que podría generar.
Pero, y aquí es donde empieza a hacer un poco más complejo, el punto es que se requiere un nexo causal. "Se necesita poder demostrar que hay un vínculo entre esta actividad irregular del Estado y la afectación que está sufriendo la persona", explica Zenteno.
Esto por sí mismo involucra un proceso legal adicional y lo que termina ocurriendo, dice la defensora, es que las personas, que ya han pasado un proceso muy largo en materia penal, con los desgastes conducentes y los costos, no quieren ya embarcarse en esta otra batalla.
Y es que además, cuando se logra la reparación del daño, dice el director de Asilegal, lo más que se consigue es la asistencia psicológica.
Ni siquiera tenemos contextos de estándares internacionales de protección en temas de reparación del daño, que debe ser integral y tiene que tener varios elementos muy importantes que van desde gastos y costes, medidas de rehabilitación, el lucro cesante (lo que se deja de percibir), entre muchas otras.
Pese a eso, Jessica está dispuesta a dar la batalla, al final ya le han quitado mucho, tiene poco que perder, así que la mano de una organización civil, está iniciando el proceso para que se le reconozca la condición de víctima y poder avanzar en la reparación del daño.
Pero el punto, es que puede que pase mucho tiempo para que le den ese reconocimiento o que no se lo den nunca, anticipa Gutiérrez, porque así se maneja el Estado.
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