A un año del hallazgo de más de 300 cuerpos apilados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, el caso sigue sin resolverse y el responsable prófugo de la justicia.
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A un año del descubrimiento de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, 246 han sido identificados. El caso sigue sin resolverse y el responsable está prófugo. ¿Se hará justicia?
Lo que comenzó como un reporte ciudadano terminó por destapar uno de los casos más relevantes registrados en Ciudad Juárez. El 26 de junio de 2025, autoridades atendieron una denuncia anónima en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde se reportaban olores fétidos y movimientos inusuales.
Durante la intervención, policías localizaron decenas de cuerpos almacenados al interior de una carroza funeraria y en distintas habitaciones del predio, el cual aparentemente operaba como crematorio.
"La policía municipal acude al evento, entra, localiza cuerpos en una carroza funeraria y muchos cuerpos al interior del predio en cuartos y no hace nada; comunica a la Fiscalía y llega la Fiscalía, donde se dan cuenta de que se trata de un lugar en donde se estaban procesando cuerpos por parte de alguien que prestaba servicios funerarios". César Jáuregui, entonces fiscal general del Estado.
Inicialmente, se pensó que se trataba de un crematorio clandestino; sin embargo, las investigaciones revelaron que el establecimiento operaba con permisos y autorizaciones vigentes.
Además, los cuerpos localizados habían sido previamente embalsamados y contaban con la documentación necesaria para ser sometidos al proceso de cremación, procedimiento que nunca se llevó a cabo.
"No es un establecimiento irregular, cuenta con permisos y todos los cuerpos encontrados tuvieron un trato por alguna funeraria, fueron embalsamados y cuentan con certificado de defunción para acceder al servicio de cremación". Luis Carlos Tarín, comisionado estatal de COESPRIS.
El 27 de junio de 2025 intervino por primera vez personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes inicialmente aseguraron cerca de 80 cuerpos; conforme avanzaron las inspecciones, la cifra continuó aumentando hasta alcanzar un total de 386 cadáveres apilados dentro del inmueble.
Las autoridades informaron que entre los cuerpos localizados había personas fallecidas entre los años 2020 y 2025.
Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron al propietario del negocio, José Luis N., así como al trabajador Facundo Teófilo N., ambos presentados por primera vez ante un juez de control el 1 de julio de 2025.
Posteriormente, el 4 de julio, fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad, donde se otorgó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
Posteriormente, se dio a conocer que al menos seis funerarias contrataban los servicios del crematorio, situación que generó preocupación entre las familias, quienes comenzaron a sospechar que las cenizas entregadas en las urnas no correspondían a sus seres queridos e incluso que no pertenecían a restos humanos.
"Mi hermano y yo decidimos abrir la urna de mi papá y nos dimos cuenta de que las cenizas estaban a nombre de otra persona. Ya me comuniqué con esa familia para entregarles sus restos". Claudia , afectada por el caso.
Pese a las investigaciones en curso, algunas funerarias continuaron operando normalmente, situación que derivó en manifestaciones por parte de familiares afectados.
El 30 de octubre de 2025 se reportó el fallecimiento de Facundo Teófilo N., de 74 años de edad, mientras permanecía interno en el Centro de Reinserción Social número 3, de acuerdo con las autoridades, el hombre padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
El 12 de febrero de 2026, un juez Séptimo de Distrito otorgó un amparo contra la vinculación a proceso penal, por lo que José Luis recuperó su libertad el 13 de febrero. La decisión provocó protestas por parte de familiares y colectivos, quienes exigían la revocación del amparo.
Finalmente, el 8 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito revocó dicha resolución.
Se programó una audiencia de revisión de medidas cautelares para el 11 de mayo, a la cual José Luis no acudió, argumentando su defensa que no había sido notificado en tiempo y forma.
La audiencia fue reprogramada para el 21 de mayo; sin embargo, nuevamente no se presentó, por lo que el juez declaró su incomparecencia y lo consideró prófugo de la justicia.
A un año del descubrimiento, el caso del crematorio Plenitud continúa abierto y sigue generando exigencias de justicia por parte de colectivos y ciudadanos. Actualmente, de los 386 cuerpos localizados, las autoridades han logrado identificar 246.
Mientras tanto, continúan los trabajos periciales para individualizar los 140 cadáveres restantes y se mantienen abiertas decenas de carpetas de investigación relacionadas con posibles fraudes derivadas del caso.
