FGR vinculó a proceso a Antonio "N", excolaborador de García Luna, por presunto desvío de más de 5 mil millones del sistema penitenciario.
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La FGR vincula a proceso a Antonio 'N' por presunto desvío millonario. Descubre cómo se usaron contratos simulados para extraer fondos del erario.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles ante un juez de control a Antonio "N", excoordinador general de Centros Federales, para obtener su vinculación a proceso por presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) investiga que el imputado habría formado parte de una red criminal encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, que presuntamente extrajo más de cinco mil millones de pesos del erario a través de contratos simulados y empresas fachada.
Según las indagatorias de la FEMDO, la estructura habría operado dentro del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el área federal encargada del sistema penitenciario.
Antonio "N", cuando fungía como servidor público en esa dependencia, habría suscrito contratos aparentemente legales que en realidad habrían servido para desviar recursos del erario.
La red no habría sido solo de funcionarios: también involucraría a familiares y colaboradores de García Luna, así como a socios de empresas utilizadas presuntamente como pantalla para mover los fondos.
Fungió como coordinador general de Centros Federales, dentro del sistema penitenciario federal.
Vinculado a proceso por delincuencia organizada y peculado.
Presuntamente integraba red criminal encabezada por García Luna.
La red habría desviado más de 5 mil millones de pesos con contratos simulados.
Al momento de la aprehensión se aseguraron 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos.
La captura fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El juez de control determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La FGR precisó que el imputado se presume inocente en tanto no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.
CT
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