Más de 573 mil expedientes rezagados mantienen detenidos divorcios, custodias y pensiones alimenticias en México
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Mujeres y menores son los más afectados por la demora en resoluciones judiciales relacionadas con manutención y convivencia
El rezago en el Poder Judicial continúa afectando a miles de ciudadanos en México que esperan la resolución de procesos familiares, divorcios, pensiones alimenticias y regímenes de convivencia. La falta de personal, los paros laborales y la acumulación de expedientes han provocado retrasos que, en algunos casos, superan los 12 meses, generando consecuencias económicas y emocionales para las familias involucradas.
Especialistas advierten que esta problemática impacta con mayor fuerza a mujeres, niñas y niños que dependen de resoluciones judiciales para garantizar derechos básicos como la manutención y la convivencia familiar.
Entre los miles de casos afectados se encuentra el de Beatriz, una mujer que desde hace más de un año intenta concluir su proceso de divorcio sin obtener una resolución definitiva. Lo que anteriormente podía resolverse en pocas semanas ahora se prolonga durante meses debido a la saturación de los juzgados.
Antes de compartir su experiencia, Beatriz explicó que la lentitud de los procesos judiciales ha complicado seriamente su situación familiar y personal.
“Ha sido muy complicado porque los juzgados aquí están trabajando súper lento, lo que antes a lo mejor podían hacer en un mes, ahorita te digo prácticamente llevo un año”.
La situación no solo implica una espera prolongada para concluir un trámite legal. En muchos casos, la falta de resoluciones impide que las personas puedan acceder a derechos relacionados con la manutención de sus hijos, la custodia o los acuerdos de convivencia, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Los casos relacionados con pensiones alimenticias son algunos de los más sensibles dentro del rezago judicial. Cuando los procesos se retrasan durante meses, quienes suelen asumir la mayor carga económica son las madres que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes.
Beatriz relató que, tras iniciar su proceso de divorcio, el padre de su hijo dejó de aportar recursos económicos para su manutención, situación que la obligó a hacerse cargo por completo de los gastos familiares.
“El papá de mi hijo se ha desentendido por completo de él. Esta es una forma de violencia económica porque cuando yo decido divorciarme, él me dijo que si yo no regresaba con él no me iba a dar ni un peso. La verdad no le creí, pero sí me la aplicó; no me da literalmente ni un peso. Entonces yo mantengo al niño al 100%”.
La afectada también señaló que las explicaciones proporcionadas por las autoridades judiciales se centran principalmente en la falta de personal y la elevada carga de trabajo, factores que han ralentizado significativamente los procedimientos.
“Solo dicen que tienen una carga importante de trabajo, que no tienen personal suficiente. Han entorpecido los procesos y lo único que pasa es que a nosotros como ciudadanos, y principalmente a las mujeres, nos dejan indefensas”.
Expertos en materia jurídica sostienen que el problema se agravó durante los últimos años debido a una combinación de factores que incluyen suspensiones de actividades, infraestructura insuficiente y escasez de recursos humanos.
El abogado Abel Rubén Romero Morales explicó que los paros laborales registrados en los juzgados incrementaron una carga de trabajo que ya era preocupante antes de estas interrupciones.
“El año pasado aproximadamente fueron dos meses que estuvieron sin trabajar los juzgados. Esto aumentó el rezago que de por sí era considerable y, aunado a la falta de infraestructura tecnológica adecuada, hay una acumulación excesiva de carga laboral”.
El litigante destacó que los tiempos de respuesta han aumentado de manera drástica, afectando tanto a ciudadanos como a profesionales del derecho.
“Las cosas que antes tenían que solucionarse en tres días o en cinco días, ahora pueden tardar seis meses”.
La falta de digitalización y modernización tecnológica es uno de los puntos señalados por especialistas como una de las principales barreras para agilizar la atención de los expedientes que se acumulan en los tribunales.
La lentitud en la impartición de justicia no solo afecta a quienes esperan una sentencia o resolución. Los abogados que representan estos casos también enfrentan dificultades económicas debido a que muchos procedimientos permanecen detenidos durante largos periodos.
Abel Rubén Romero Morales explicó que gran parte de los litigantes trabaja bajo esquemas de pago vinculados al avance o conclusión de los asuntos que representan.
“Nosotros trabajábamos en un esquema de cobro por anticipo y cobro por conclusión. Ahora no podemos concluir los juicios y necesitamos la celeridad para poder cobrar los asuntos que iniciamos”.
Esta situación genera un efecto en cadena que impacta a todos los involucrados en el sistema judicial, desde los usuarios que esperan una respuesta hasta los profesionales encargados de acompañar los procesos legales.
Las cifras muestran la dimensión de la crisis: actualmente existen más de 573 mil expedientes rezagados en México. De acuerdo con estimaciones citadas por especialistas, esta cantidad refleja las dificultades del sistema judicial para responder con rapidez a la demanda de servicios legales.
Muchos de estos casos corresponden a divorcios, pensiones alimenticias, custodias y regímenes de convivencia, asuntos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias. Expertos coinciden en que la contratación de más personal, la modernización tecnológica y la agilización de los procedimientos serán medidas clave para reducir la acumulación de expedientes y garantizar un acceso más eficiente a la justicia para miles de ciudadanos en todo el país.
