Un juez de la Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella presentada por dos exempleadas contra el cantante Julio Iglesias, a quien acusan de presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
El juez Antonio Piña consideró que el relato de las denunciantes y las pruebas aportadas son suficientes para iniciar un procedimiento, aunque aclaró que esto no representa una valoración sobre la credibilidad de los señalamientos.
La querella fue presentada directamente ante el juzgado luego de que la Fiscalía considerara inicialmente que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos.
Entre las pruebas se encuentra una fotografía con un moretón en un brazo y dos marcas en los muslos que podrían corresponder a la mordedura de una persona, además de conversaciones.
El juez aceptó investigar los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero rechazó los señalamientos relacionados con trata y contra los derechos de los trabajadores.
¿De qué acusan a Julio Iglesias?
Las denunciantes, una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, aseguran que sufrieron acoso, agresiones sexuales, lesiones y vejaciones durante 2021, cuando el cantante tenía 77 años. Los hechos habrían ocurrido en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.
Una de ellas también señaló que estaban obligadas a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
Juez señala omisiones en la querella
En el auto, Piña advirtió que la querella podría presentar un relato incompleto al centrarse en Julio Iglesias y dejar fuera la presunta participación de dos administradoras de sus residencias, a quienes también se les atribuyen actos sexuales contra las denunciantes.
El juez consideró que estas omisiones podrían responder al propósito de que la justicia española investigue los hechos, aunque advirtió que llevar el caso en España podría fragmentar una investigación que, a su juicio, debería realizarse de manera conjunta.
También señaló dificultades para incluir a las dos administradoras, pues no están denunciadas y la Audiencia Nacional no tendría competencia para investigarlas por presuntos delitos cometidos fuera de España y contra personas extranjeras.
Por ello, podrían participar únicamente como testigos, lo que, según el juez, podría afectar su derecho de defensa ante un eventual proceso posterior.
Pese a estas complicaciones procesales, Piña determinó que no son motivo suficiente para rechazar la querella.