Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron el informe “Inventario Nacional de lo Militarizado”, donde advirtieron de los riesgos para la ciudadanía que representa la militarización
En México, las Fuerzas Armadas cuentan con un presupuesto sin precedentes y se les han otorgado funciones civiles para las que no están facultadas.
La seguridad pública, la protección del medio ambiente, la política social y las obras públicas son algunas responsabilidades civiles que las Fuerzas Armadas desempeñan actualmente, advirtieron este lunes organizaciones de la sociedad civil.
"Identificamos dos momentos clave: el primero que es a finales de 2006, que es cuando Calderón declara este combate frontal al crimen organizado. Pero (...) es prácticamente en este sexenio cuando ha habido un cambio importante en el aparato jurídico que permite esa militarización", expresó Estefanía Vela Barda, directora ejecutiva de Intersecta.
Desde 2006, al mismo tiempo que comenzó esta transferencia de funciones, los homicidios aumentaron en un 208%, según la organización México Unido Contra la Delincuencia.
"Son los que más detienen sin órdenes de detención, si te detienen las Fuerzas Armadas
En los últimos 3 sexenios, los tres niveles de gobierno transfirieron funciones o presupuesto civil a la Sedena, Semar y Guardia Nacional, a través de 2 reformas constitucionales, 12 legislativas federales, 19 decretos y acuerdos presidenciales, y 258 convenios.
Sin embargo, durante la administración del presidente López Obrador, estas transferencias se aceleraron y actualmente 83% de los convenios entre Fuerzas Armadas y otras instituciones federales son para funciones que no se relacionan con la seguridad pública.
"Eso genera un empoderamiento económico y político muy fuerte para las Fuerzas Armadas, una transformación también de su propia naturaleza, que son corporaciones armadas hechas para la guerra", afirmó Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia.
Entre 2007 y 2021, el presupuesto otorgado a las Fuerzas Armadas aumentó en 2,160% pasando de 516 millones de pesos a 11 mil 666 millones.
"Desmilitarizar implica tener un enfoque diferente de seguridad que priorice la vida y seguridad de las personas y no la seguridad del Estado y sus instituciones", señaló Lisa Sánchez.
Por ello, las organizaciones enfatizaron en la importancia de retirar a las corporaciones castrenses de funciones que pongan en riesgo a la ciudadanía.
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