Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión, mientras el gobierno del país centroamericano dice que se utiliza una figura de tránsito
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El gobierno de Guatemala confirmó que ha recibido a casi 2,300 mexicanos deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2026, como parte de un acuerdo que hasta ahora no había sido revelado.
Bernardo Arévalo, presidente del país centroamericano, dijo el miércoles 19 de agosto por la noche que los migrantes retornados ingresaron a su país bajo una figura de "tránsito" y no mediante refugio o asilo.
El mandatario fue cuestionado por los reportes de la cadena CBS, que señalaban deportaciones silenciosas de mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump a Centroamérica. Esto, pese a que autoridades mexicanas han manifestado su disposición a recibir a todos sus nacionales.
En respuesta, Arévalo afirmó que hay un convenio con la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que los gastos de la operación son sufragados por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense.
"Sobre el tema de los mexicanos, efectivamente, se han recibido ciudadanos mexicanos que llegan en vuelos donde se está haciendo repatriados guatemaltecos y nosotros hemos coordinado con el gobierno mexicano, para que estas personas que están llegando a Guatemala, pasen en condición de tránsito para ingresar a territorio mexicano en menos de 24 horas después de haber llegado al país.
"Es decir, es una escala de tránsito la que se está haciendo y esto es un arreglo que hacemos en coordinación con autoridades migratorias mexicanas", respondió el presidente durante una conferencia por la inauguración de un distribuidor vial.
Previamente, la Embajada de México en Washington había dicho a N+ Univision que el gobierno de México acepta el retorno de todos sus nacionales. Y por lo tanto, rechazaba la deportación de ciudadanos mexicanos a terceros países.
Al ser consultado sobre cuándo fue la negociación de México y Guatemala o qué habrá a cambio, Arévalo insistió en que hay una coordinación con autoridades migratorias y que no pasan más de 24 horas para concretar el "tránsito". Sostuvo que no se trata de una modalidad de "tercer país seguro".
"No hay ninguna permanencia, no hay ningún refugio, no hay ninguna figura que se pueda considerar como una figura que constituye un tercer país seguro porque pasan en tránsito, en menos de 24 horas, con gastos que son sufragados por el gobierno mexicano o en otros casos, por el gobierno norteamericano, alrededor de ciertas cuestiones", dijo.
"No hay ninguna, precisamente, no estamos utilizando las figuras que podrían llegar a constituir tercer país seguro", afirmó.
El presidente de Guatemala precisó que las "coordinaciones" se hicieron a partir del año en curso.
La agencia AP aseguró que Estados Unidos también envía a algunos mexicanos a Honduras, un cambio con respecto al inicio del segundo mandato de Trump, cuando estos traslados eran mínimos.
Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión sobre México, cuyo gobierno reclamó a Washington la muerte de 17 ciudadanos en operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias y lidia con constantes exigencias en materia de seguridad.
Por su parte, Trump ha ampliado los acuerdos con países aliados latinoamericanos para hacer operaciones conjuntas contra grupos criminales.
El Instituto Nacional de Migración confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que hay mexicanos deportados por el gobierno de Trump a Guatemala y a Honduras principalmente desde abril, que luego son trasladados desde allí en autobús hasta el sur de México.
"La causa es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar" a su territorio, agregó. El INM no aportó cifras ni más detalles.
La cancillería mexicana no se ha posicionado al respecto. Apenas el 18 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió en la Ciudad de México al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, pero ninguna de las autoridades tocó el tema.
Históricamente, México se ha mostrado dispuesto a recibir a sus ciudadanos deportados, aunque desde el primer mandato de Trump no ha habido claridad sobre los acuerdos migratorios con Washington.
Tampoco respondieron a pedidos de comentarios las autoridades en Honduras pero, según documentos oficiales del país a los que tuvo acceso la AP, en dos vuelos el 13 y el 15 de agosto, un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Estaba previsto que 35 más aterricen el jueves.
Otros 165 mexicanos fueron deportaron a Honduras entre mayo y mediados de julio, de acuerdo con la web Third Country Deportation Watch, gestionada por las ONG Human Rights First y Refugees Internacional, quienes rastrean vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.
La web no aclara de donde proceden sus números, pero ambas organizaciones están preocupadas porque los migrantes tienen diferentes perfiles y estos traslados pueden ponerlos en peligro.
"Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera", dijo Savitri Arvey, de Human Rights First. Parte de los deportados llegaron a Honduras en vuelos militares estadounidenses, agregó.
Hasta ahora, los mexicanos deportados de Estados Unidos eran enviados de forma casi exclusiva a su país tanto por vía aérea como terrestre. Apenas un puñado llegaba a otros países.
Arévalo dijo el miércoles que en 2025 recibieron apenas a 15 mexicanos. Hasta febrero de 2026, Honduras había reportado oficialmente la llegada de seis. Costa Rica ha recibido a once mexicanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y, según las autoridades migratorias locales, permanecen en el país.
Al inicio de su segundo mandato y con el control migratorio como una de sus prioridades, Trump llegó a acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actuaran como países "puente" o como destino para migrantes de terceros países expulsados de territorio estadounidense. Estos acuerdos se ampliaron después a más lugares, incluidos algunos países africanos, el más reciente, Liberia.
Abogados de inmigración consideran que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo o inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen.
Con información de AP
ASJ
