Desde ahora, en la entidad, cometer un acto de negligencia en un caso de violencia de género será un delito que amerita cárcel
Escucha este artículo
Ante los altos índices de impunidad en México, una iniciativa de ley busca sancionar, incluso con una década en prisión, a los servidores públicos del Ministerio Público, policías de investigación y fiscalías que incurran en faltas como negligencia u omisión en delitos contra las mujeres.
El Estado de México fue la primera entidad en aprobar la iniciativa que ha recibido el nombre de ley Mariana Lima Buendía, en memoria de una joven abogada que fue víctima de feminicidio en junio de 2010, en Chimalhuacán. Cuyo caso sentó un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a los procuradores de justicia a investigar toda muerte violenta de mujeres con perspectiva de género.
Es una iniciativa presentada por la diputada local de Morena, Jennifer González, quien buscó sancionar con hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas de procuración de justicia en caso de corrupción, omisiones, negligencia u obstrucción de investigaciones sobre delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
La reforma establece penas de cuatro a 10 años de prisión, además de multas de entre 100 y 150 días, así como la posibilidad de destitución o inhabilitación para ejercer un cargo público, cuando quienes tienen la obligación de investigar o impartir justicia incurran en conductas y afecten los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Uno de los principales cambios consiste en establecer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar, con perspectiva de género y bajo el principio de debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio.
De esta forma, se busca evitar que una muerte violenta sea descartada inicialmente como suicidio, accidente u homicidio sin que antes se agoten las líneas de investigación relacionadas con la violencia de género.
La reforma modifica tanto el Código Penal del Estado de México como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su alcance no se limita, por tanto, a aumentar las sanciones contra servidores públicos: también pretende establecer obligaciones específicas para las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia.
La Ley Mariana Lima coloca en el foco la actuación de las autoridades, al plantear que debido a una falta de investigación, omisiones o una actuación negligente puede ser un obstáculo para las familias que buscan esclarecer la muerte de una mujer.
Por ello es que la reforma busca consecuencias penales y con ello lograr que haya un cambio en la forma en que las instituciones investigan la violencia contra las mujeres.
El nombre de la reforma está relacionado con Mariana Lima Buendía, una joven cuyo caso se convirtió en un precedente para la investigación de muertes violentas de mujeres en México.
Mariana murió el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. Su madre, Irinea Buendía Cortés, cuestionó la forma en que las autoridades habían investigado la muerte de su hija y emprendió una larga batalla para que el caso fuera revisado con perspectiva de género.
El proceso llegó hasta la Suprema Corte, que en una sentencia del 25 de marzo de 2015 ordenó reabrir la investigación y realizar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de Mariana y establecer si se trataba de un feminicidio. En un inicio, su esposo Julio César Hernández, entonces policía ministerial, argumentó que la mujer se había suicidado.
No obstante, tras el fallo de la SCJN, en junio de 2016, seis años después de la muerte de Mariana, el hombre fue declarado penalmente responsable, por lo que fue detenido y encarcelado. Finalmente, hasta marzo de 2023, el Poder Judicial mexiquense le dictó una sentencia de 70 años de prisión.
La resolución se convirtió en un precedente relevante porque estableció parámetros para investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.
TLS
