Hace unos días comenzó en Oakland, en el condado de Alameda, California, EUA, un juicio clave contra Meta que podría tener consecuencias para millones de usuarios de redes sociales. Una coalición de 29 estados de EUA acusa a la compañía de diseñar funciones de Instagram y otras plataformas capaces de fomentar conductas adictivas y afectar la salud mental de niños y adolescentes.
El proceso podría terminar con multas de varios miles de millones de dólares y obligar a la empresa a modificar algunas de las funciones más conocidas de sus aplicaciones.
La ofensiva legal, encabezada por estados como California, Nueva Jersey, Colorado y Kentucky, sostiene que Meta incorporó deliberadamente mecanismos que mantienen a los usuarios conectados durante más tiempo. Entre las funciones señaladas aparecen el scroll infinito, las notificaciones constantes y los algoritmos de recomendación.
Los estados también acusan a Meta de haber recopilado información de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, un señalamiento que coloca la protección de datos infantiles en el centro del juicio.
El alcance del caso va mucho más allá de una posible sanción económica. Los estados demandantes buscan que Meta pague una multa que podría alcanzar varios miles de millones de dólares, pero también pretenden conseguir cambios en la manera en que funcionan sus redes sociales.
Entre las medidas planteadas se encuentran mayores restricciones de edad y modificaciones a herramientas como el scroll infinito. De prosperar estas exigencias, el resultado podría transformar la experiencia de los menores dentro de las plataformas de la compañía.
El juicio tiene una duración estimada de seis semanas y se prevé la participación de algunas de las figuras más importantes de Meta. Entre los posibles testimonios destacan Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, director de Instagram, además de fiscales generales de los estados involucrados en la demanda.
Uno de los testimonios que ha cobrado especial relevancia es el de Arturo Béjar, ingeniero mexicano que trabajó en Meta y participó en el desarrollo de sistemas relacionados con la protección de usuarios. Sus declaraciones apuntan directamente a la forma en que la compañía habría respondido ante la presencia de niños menores de la edad permitida en Instagram.
Béjar acusó a Meta de adoptar una postura de “no preguntes, no digas” frente al uso de Instagram por menores de 13 años.
El ingeniero también sostuvo que la compañía contaba con herramientas capaces de identificar a usuarios que podían encontrarse por debajo de la edad mínima requerida, pero que esas capacidades no habrían sido aplicadas de manera suficiente. Este punto resulta especialmente relevante porque una de las acusaciones centrales de los estados se relaciona precisamente con la recopilación de información de menores.
Meta ha negado las acusaciones y sostiene que durante años ha implementado distintas herramientas destinadas a mejorar la seguridad de niños y adolescentes en sus plataformas. Entre ellas se encuentran controles parentales, restricciones para determinados mensajes, cuentas especiales para adolescentes y mecanismos destinados a limitar la exposición a contenido sensible.
La compañía también rechaza que las pruebas presentadas por los estados sean suficientes para sostener las acusaciones. Su defensa cuestiona que exista evidencia que demuestre que Meta engañó a usuarios en cada uno de los estados que participan en el litigio.
El choque entre ambas posturas será uno de los puntos centrales de las próximas semanas: mientras los demandantes buscan demostrar que determinadas decisiones de diseño expusieron a menores a riesgos previsibles, Meta argumenta que ha desarrollado múltiples medidas de protección y cuestiona el fundamento de las acusaciones.
El proceso en California llega después de otros golpes judiciales para la compañía. En marzo de 2026, un jurado de Nuevo México impuso a Meta una sanción de 942 millones de dólares al determinar que había violado leyes estatales de protección al consumidor.
En aquel caso, la fiscalía acusó a la empresa de engañar a usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y de facilitar situaciones que provocaron daños a menores, incluida la explotación sexual infantil.
Meta también perdió otro juicio en Los Ángeles, California, junto con Google. Un jurado determinó en ese proceso que las compañías habían sido negligentes en el diseño de sus plataformas y que no advirtieron adecuadamente sobre determinados riesgos para menores.
La demandante recibió 6 millones de dólares en daños. De esa cantidad, 4.2 millones correspondieron a Meta y 1.8 millones a Google.
Mientras el juicio avanzaba en Oakland, familiares y manifestantes se concentraron fuera del juzgado para exigir mayor responsabilidad a Meta y otras compañías tecnológicas. Algunas familias compartieron públicamente las historias de sus hijos, quienes murieron por suicidio después de experiencias dañinas relacionadas, según sus testimonios, con el uso de redes sociales.
Mary Rodee, madre de Riley Basford, relató el caso de su hijo y vinculó su muerte con un episodio de extorsión cometido por un adulto que se hizo pasar en internet por una joven.
“(Riley Basford) Tenía casi 16 años cuando se quitó la vida tras un encuentro de cinco horas con un delincuente adulto que se hacía pasar por una joven hermosa, él era de Costa de Marfil. Lo llaman ‘suicidio espontáneo’, pero yo digo lo que fue, el resultado previsible de un sistema que protege a las empresas en lugar de a los niños”.
Erin Popolo, madre de Emily Murillo, también participó en las protestas y aseguró que su hija había sufrido ciberacoso antes de morir.
“Mi hija (Emily Murillo) se quitó la vida tras sufrir un ciberacoso implacable. Emi no quería morir, amaba a su familia, a sus mascotas, a sus ranas, a sus gekkos y nuestras visitas a la casa del lago. Amaba su vida. Lo que no pudo soportar fue la desesperanza y la impotencia que la envolvieron por las decisiones de diseño que Meta le puso en las manos”.
La relevancia del juicio no se limita a Meta. Snapchat, TikTok y YouTube también enfrentan demandas relacionadas con la seguridad y protección de menores en diferentes estados de EUA.
Por ello, el desenlace del proceso de Oakland podría convertirse en una referencia importante para futuros litigios sobre la responsabilidad de las plataformas digitales. En el centro de la discusión está una pregunta con consecuencias para millones de familias: hasta dónde deben llegar las empresas de redes sociales para impedir que sus productos y decisiones de diseño representen un riesgo para niños y adolescentes.
Si los estados consiguen demostrar sus acusaciones, Meta no solo podría enfrentar una sanción multimillonaria. El caso podría impulsar restricciones de edad más estrictas, cambios en funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso y nuevas obligaciones de protección para menores, medidas que podrían modificar la manera en que funcionan algunas de las redes sociales más utilizadas del mundo.
Con información de Erick Alcalá Robles.