Informes de la República Islámica señalan que uno de los bombardeos alcanzó una escuela en Minab, donde murieron 168 personas, la mayoría menores de edad
-1920x1080.jpg&w=1920&q=75)
Escucha este artículo
Expertos en derechos humanos designados por la ONU afirman que han encontrado "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab.
El equipo internacional de determinación de los hechos sobre Irán señala que las conclusiones se centran en un par de ataques aéreos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.
"Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión encontró motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que resultaron en la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes civiles", dijo el equipo de determinación de los hechos en un comunicado.
El equipo también señaló que las fuerzas de seguridad de la República Islámica cometieron asesinatos a una "escala impactante" en Irán.
Indicó que los civiles quedaron atrapados entre "graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno y el mortífero conflicto del país con Estados Unidos e Israel".
El informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Al inicio de la guerra en febrero pasado, al menos un misil estadounidense impactó la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, según una investigación de The Associated Press. No ha habido un reporte oficial definitivo sobre lo ocurrido.
Los medios estatales iraníes han dicho que 168 personas murieron en el ataque, la mayoría de ellas niños.
Las fuerzas norteamericanas actuaron "deliberadamente" y "siendo conscientes de que existía un riesgo considerable de alcanzar un interés de carácter civil, actuando con imprudencia temeraria", agregó la misión.
En similares términos se refirió el grupo de expertos respecto al ataque a una zona poblada de Lamerd, que alcanzó un centro deportivo, una escuela primaria adyacente y edificios residenciales, causando al menos 22 muertos.
En aquel bombardeo se utilizó un misil PrSM que dispersó unos 180,000 fragmentos de tungsteno sobre una amplia zona, lo que "dadas las circunstancias imperantes, no podía dirigirse contra un objetivo militar específico ni podía limitar sus efectos sobre civiles, como exige el derecho internacional humanitario".
Respecto a Irán, la misión concluye que muchas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen constituyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos dirigidos contra una población civil.
En las protestas de finales de 2025 y principios de 2026, las fuerzas de seguridad iraníes "utilizaron fuerza letal para matar y herir a manifestantes y transeúntes, incluidos niños", destacó el informe de 18 páginas.
La violenta represión "supuso una escalada sin precedentes respecto a anteriores campañas represivas", con uso generalizado de la fuerza letal, lo que provocó asesinatos y heridas masivas, así como detenciones a gran escala.
La misión no da una cifra completa de víctimas de la represión durante las protestas, pero sí indica que murieron al menos 221 niños.
Agrega que las fuerzas de seguridad utilizaron armas y munición fuera de los parámetros establecidos para su uso, causando la muerte o heridas a manifestantes, y dentro de los hospitales "sometieron a pacientes, personal médico y familiares a un uso innecesario de la fuerza, detenciones arbitrarias y hostigamiento".
Además, las autoridades obstaculizaron que los manifestantes pudieran acceder a atención sanitaria esencial, incluso impidiendo el acceso a tratamientos urgentes.
Según las autoridades iraníes, en dos días de represión, el 8 y 9 de enero, el número de muertos fue de 3,117, pero organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.
Tras esa represión se intensificó el uso de la pena de muerte contra manifestantes, y entre marzo y agosto al menos 29 hombres fueron ejecutados por su participación en las manifestaciones tras juicios acelerados, señaló la misión, alertando que otras 70 personas están en riesgo de ser ejecutadas.
A luz de estos abusos, el informe pide a los gobiernos iraní y estadounidense que pongan fin a las violaciones de derechos humanos, proporcionen garantías de no repetición y reparaciones a las víctimas y al Estado perjudicado.
ASJ
