El máximo tribunal analizará si el presidente puede suspender el acceso al procedimiento de protección para migrantes que ingresan por la frontera sur
La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó revisar la legalidad de la orden del presidente Donald Trump que restringe el acceso al asilo para determinados migrantes que intentan ingresar al país por la frontera con México.
Este viernes 13 de noviembre de 2026, el máximo tribunal concedió la petición del Gobierno estadounidense para analizar el caso Mullin vs. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, registrado con el expediente 26-239.
Los magistrados revisarán si la proclamación presidencial y las instrucciones emitidas para aplicarla son legales. También deberán analizar si una resolución judicial puede extender sus efectos a todo un grupo de personas afectadas por la medida.
La revisión ocurre después de que tribunales inferiores fallaran contra la administración de Trump al considerar que el Ejecutivo no podía utilizar una proclamación presidencial para impedir que los migrantes solicitaran las protecciones establecidas en las leyes federales de inmigración.
La Suprema Corte aceptó revisar el caso este 13 de noviembre de 2026, pero todavía debe escuchar los argumentos de ambas partes antes de emitir una resolución definitiva.
La medida fue anunciada el 20 de enero de 2025, durante el primer día del segundo mandato de Trump, mediante la Proclamación 10888, denominada Guaranteeing the States Protection Against Invasion, que se traduce en garantizar la protección de los estados contra una invasión.
El documento declaró que existía una situación de invasión en la frontera sur y ordenó suspender el ingreso de determinadas personas que cruzaran hacia territorio estadounidense. También restringió su acceso a disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, incluida la sección 208, que establece el procedimiento para solicitar asilo.
La política también contempla restricciones para personas que no proporcionen información médica y antecedentes confiables para realizar las evaluaciones de seguridad correspondientes.
El Gobierno de Trump sostiene que estas facultades son necesarias para controlar la frontera, atender riesgos de seguridad y evitar que los prolongados tiempos de procesamiento migratorio favorezcan los ingresos irregulares.
PT
-33-1376x774.jpg&w=1920&q=75)
