Sólo los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron en contra de que el INE desacate las suspensiones que se desprenden del amparo contra la Reforma Judicial
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó, con tres votos a favor y dos en contra, que Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la elección del Poder Judicial, a pesar de las más de 170 suspensiones de jueces.
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El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera consideró constitucionalmente inviable suspender la elección judicial, porque "ninguna autoridad puede cancelar o pausar el desarrollo de los comicios".
Esto también fue apoyado por la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, y por Felipe de la Mata Pizaña.
Sin embargo, Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron en contra de que el INE desacate las suspensiones que se desprenden de amparo contra la Reforma Judicial.
Janine Otálora aseguró que dar luz verde al órgano electoral contribuye a enrarecer el ambiente, debido a que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la última instancia de decisión.
El magistrado Reyes Rodríguez consideró que es "grave" que se autorice al TEPJF desatender los procesos en los juzgados de distrito.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que se autoriza al INE y al Senado seguir con la organización de la elección judicial por los derechos electorales de la ciudadanía.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su profunda preocupación por reforma judicial de México, que establece la elección popular de los jueces, y afirmó que estará al pendiente de su implementación, con la finalidad de vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial.
Ello ocurrió durante una audiencia que se celebró en Washington, tras la queja interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el respaldo de la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum.
El Gobierno mexicano sostiene que los ciudadanos deben poder elegir a los jueces y defiende la constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso.
Pero el personal judicial denuncia la intromisión del Ejecutivo en la Justicia, porque impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces que comenzarán en 2025.
Se explicó que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar "principios básicos" como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes.
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Con información de N+
HVI
