Tres exdirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnaron la reforma a 16 artículos de los estatutos de ese partido, que permitirán a su dirigente actual, Alejandro Moreno, reelegirse hasta 8 años más en ese cargo y fortalecer sus facultades, incluso removiendo y nombrando a los coordinadores parlamentarios de sus bancadas.

Dulce Maria Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Solicitan que los magistrados declaren la invalidez de las nuevas disposiciones, aprobadas en la 24 Asamblea Nacional del PRI, porque violan la Constitución en sus artículos 16, 35, 41 y 44.

Por ello, piden que sea la Sala Superior del Tribunal Electoral la que resuelva esta impugnación, pues argumentan que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI carece de atribuciones para analizar los planteamientos de esta demanda.

Acusan que se obstaculizó e impidió que los delegados a la Asamblea Nacional, y la militancia en general, pudieran ejercer debidamente su derecho a expresar su opinión en el debate y a votar conscientemente las propuestas sometidas a discusión.

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Aseguran que la Ley de Partidos Políticos prohíbe modificar sus documentos básicos una vez iniciado el proceso electoral y, actualmente, sigue abierto en la etapa de resultados y calificación.

Además, el Consejo Político omitió reglamentar las bases de cómo se integraría la Asamblea Nacional, acusan en su recurso los exdirigentes priistas.

Esto mientras que “el Comité Ejecutivo Nacional, de forma totalmente indebida, al publicar la convocatoria se auto adjudicó la facultad de emitir el reglamento para la conformación de la Asamblea Nacional, lo cual constituye una violación flagrante al procedimiento de reforma estatutario”, señalan.

También argumentan que el proceso partidario para celebrar la Asamblea se realizó “fast track” en un plazo de 30 días, lo que consideran insuficiente para desahogar las distintas etapas del proceso de reforma de la normatividad partidaria.

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Incluso acusan que por la rapidez no se previeron etapas ni plazos para el desahogo de medios de impugnación entre cada una de las etapas del procedimiento.

Los exdirigentes priistas consideran que todo esto constituyó violaciones graves al procedimiento de reforma pues, además, frente a la insuficiencia del plazo para analizar las propuestas, intentaron presentar un escrito de diferimiento de la asamblea, pero los órganos del partido político se negaron a recibir dichas peticiones y se entregó al INE.

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