México rechazó mediante nota diplomática recomendaciones de la OEA sobre las elecciones judiciales del 1 de junio por considerar que rebasaron su mandato
La Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó su oposición a las observaciones internacionales sobre el proceso electoral judicial mediante comunicación oficial dirigida a la Organización de Estados Americanos.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó, mediante una nota diplomática dirigida al secretario general de la Organización, su firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores enviados para la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio", establece un comunicado.
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La comunicación diplomática contiene acusaciones específicas sobre extralimitación de funciones por parte de la misión de observación electoral internacional.
"En dicha nota se deja constancia que la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3 (e) que señala: 'todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga'", indica la posición del Gobierno federal.
El gobierno mexicano argumenta limitaciones en las atribuciones de las misiones internacionales respecto a la conformación de sistemas judiciales nacionales.
"Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones", sostiene la comunicación diplomática.
La OEA consideró en su informe preliminar que la elección judicial registró niveles bajos de participación en comparación con otros procesos electorales de la región.
La defensa oficial mexicana enfatiza el cumplimiento del marco legal nacional durante el desarrollo del proceso electoral cuestionado.
"Como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio, se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país", concluye el documento gubernamental.
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CT
