¿Qué Penas Enfrentan Quienes Roban en Camiones del Edomex? SCJN Avala Penas Más Severas
La SCJN validó las penas agravadas por robo en transporte público del Edomex; esto determinó
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La SCJN validó las penas agravadas por robo en transporte público del Edomex; esto determinó
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles 11 de marzo de 2026 que las sanciones penales agravadas por robo con violencia y robo en transporte público en el Estado de México son constitucionales, en el marco del Amparo Directo en Revisión 2877/2025.
El Pleno del máximo tribunal del país determinó que imponer castigos más severos para este tipo de delitos no vulnera derechos fundamentales, ya que los crímenes cometidos en camiones y autobuses no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que también generan violencia, daño psicológico e inseguridad generalizada para quienes dependen del transporte público como medio de movilidad cotidiana.
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El Código Penal del Estado de México establece una escala de sanciones que varía según las circunstancias en que se comete el delito. En su forma más básica -cuando el valor de lo robado no excede 30 veces el valor diario de la UMA-, la pena va de seis meses a dos años de prisión.
Cuando el robo se ejecuta con violencia, la condena asciende a un rango de entre ocho y doce años. Y si el ilícito ocurre dentro de una unidad de transporte público, la sanción se eleva a un piso mínimo de nueve años, con un techo de quince -aunque ese era el marco vigente al momento de los hechos juzgados en este caso-.
Un dato relevante que emerge de la resolución: la legislación del Edomex ya fue modificada con posterioridad a los hechos que originaron el amparo. En su versión actual, la pena por robo en transporte público va de doce a dieciocho años de prisión, un incremento que refleja la voluntad del legislador estatal de endurecer la respuesta penal ante este fenómeno.
El fallo señala que las penas diferenciadas se justifican porque buscan sancionar tanto la gravedad intrínseca del delito como las condiciones específicas en que se perpetra.
La SCJN subrayó que el robo en transporte público afecta distintos bienes jurídicos simultáneamente y constituye un fenómeno delictivo de alta incidencia que impacta tanto la economía del estado como la seguridad pública en su conjunto.
Bajo ese razonamiento, la proporcionalidad de las sanciones queda vinculada no solo al daño individual causado a la víctima, sino al efecto colectivo que este tipo de crímenes genera en la percepción de inseguridad y en el funcionamiento del sistema de movilidad pública.
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CT
