La USEBEQ abrió una investigación por la presunta instalación de una cámara de videovigilancia en los sanitarios de la Secundaria Jesús Reyes Heroles en San Juan del Río.
La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) abrió una investigación tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba la presunta instalación de una cámara de videovigilancia en los sanitarios de la Secundaria Jesús Reyes Heroles.
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, indicó que el órgano interno de control ya inició las indagatorias para determinar responsabilidades, y que los 14 mil profesores del estado están sujetos a revisión como servidores públicos.
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Quintanar Mejía, agregó que ya hubo acercamiento con el director del plantel y que se llevó a cabo una reunión con maestros y padres de familia a través del consejo técnico para analizar el tema.
Respecto a la ubicación del dispositivo, Quintanar Mejía aclaró que la cámara se encuentra fuera de los sanitarios, y que la información difundida en redes se ha tergiversado.
La USEBEQ señaló que, tras concluir la investigación, se definirán posibles sanciones en caso de que se confirme que la instalación vulneró derechos o protocolos escolares. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece a la espera de los resultados.
En este tipo de casos, las sanciones podrían variar según los resultados de la investigación y el grado de responsabilidad. Algunas posibilidades son:
Amonestación o apercibimiento al personal involucrado si se comprueba negligencia o incumplimiento de protocolos.
Suspensión temporal del maestro o directivo responsable.
Separación definitiva del cargo si se determina que hubo vulneración de derechos o intencionalidad indebida.
Multas administrativas según la normativa interna de la USEBEQ o de la autoridad educativa estatal.
Capacitación obligatoria sobre privacidad y protección de datos en entornos escolares.
En casos graves que impliquen violación de derechos de los estudiantes, también podría derivar en procedimientos legales por parte de la Fiscalía o defensorías de derechos humanos.
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