Un juez federal ordenó al Ejército entregar 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de 2014, clave para esclarecer la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitió el pasado 19 de febrero de 2026 una resolución que obliga al Ejército Mexicano a entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia "Centro" (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
El fallo resuelve el juicio de amparo 1350/2023 y representa un nuevo capítulo legal en la búsqueda de verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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El punto central de la sentencia es una brecha de aproximadamente 853 folios del CFRI que no han sido entregados a los familiares ni a los investigadores. El juzgado determinó que la discontinuidad en la numeración de los archivos no prueba su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares.
Este argumento refuta directamente la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que había negado la existencia de dicha documentación. La resolución establece además que esa información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado que existe un interés preponderante de las familias de las víctimas y de la sociedad en general de conocer la verdad.
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La demanda fue presentada en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En ella reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en incumplimiento del Decreto Presidencial de 2018, el cual obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
La demanda surgió ante la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), que dejó de funcionar como mecanismo para superar los obstáculos de la investigación.
Las familias señalaron a la Defensa, en particular a diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ese informe del GIEI documentó que el grupo tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento que se realizó a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante.
La discontinuidad en esos archivos llevó a los organismos de derechos humanos firmantes del comunicado -SERAPAZ, Tlachinollan, Fundar y Centro Prodh- a concluir que el contenido de los folios faltantes es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había señalado que los avances en el caso Ayotzinapa se habían ralentizado por la falta de entrega de información por parte de la Defensa, precisando que el litigio podría haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades en posesión de la documentación.
Dentro de este mismo proceso judicial, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ya había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
A más de once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el caso permanece sin esclarecerse. Las madres y padres han continuado impulsando acciones legales a nivel nacional e internacional ante los obstáculos que persisten en la investigación, particularmente frente a la negativa de la Defensa de entregar de manera completa e inmediata la información que podría contribuir a conocer el paradero de sus hijos.
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CT
