El lunes 20 de julio, Ismael "El Mayo" Zambada fue sentenciado a cadena perpetua en una corte de Brooklyn, sin posibilidad de libertad condicional y con una multa económica de 15 mil millones de dólares, la cifra más alta impuesta a un capo mexicano, por encima incluso de la de su antiguo socio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien pagó 12 mil 600 millones de dólares.
Antes de conocer la sentencia, Zambada leyó una carta ante el juez Brian Cogan: "Acepto mi responsabilidad", dijo. "A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia. Nadie gana en este tipo de guerra."
El sábado se cumplen dos años de su detención. Los datos muestran que la guerra de la que habló Zambada no sólo no ha terminado, sino que se ha profundizado.
El 9 de septiembre de 2024, La Mayiza irrumpió en Culiacán, bastión de Los Chapitos, para intentar recuperar el control de las plazas y rutas de tráfico que históricamente eran controladas por Zambada. Lo que estalló ese día no era nuevo: ambas facciones ya arrastraban roces desde al menos 2019, pero la captura de "El Mayo" la convirtió en una guerra abierta.
Esa guerra tiene un impacto directo en los números. Los homicidios dolosos retratan el deterioro: antes de la captura, Sinaloa promediaba menos de 50 homicidios al mes. El efecto fue inmediato: al mes siguiente la cifra saltó a 143.
En junio de 2025 hubo otro salto, luego de que Fuerzas Especiales del Ejército abatieran a Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias "El Perris" —jefe de seguridad de Los Chapitos, señalado como pieza clave en el traslado de Zambada a Estados Unidos. Desde la captura, ningún mes ha vuelto a bajar de los 90 homicidios.
Con las desapariciones ocurrió algo parecido: el mes de la captura, los reportes se dispararon a más del doble, con meses posteriores que superaron las 200 personas desaparecidas.
En junio de 2025 hubo otro repunte, coincidente con el abatimiento de "El Perris" y con el cambio de bando de la célula de "Los Avendaño" en la guerra entre Chapitos y Mayiza —un realineamiento que reactivó los choques territoriales en la región.
La violencia también alcanzó a la clase política: candidatos, alcaldes y funcionarios atacados no al margen de su cargo, sino por él.
El caso más visible en Sinaloa es el de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado el 25 de julio de 2024 en el mismo rancho donde, ese día, fue detenido "El Mayo" Zambada.
Cuén no es un caso aislado: han ocurrido 115 eventos de este tipo en Sinaloa entre julio de 2024 y mayo de 2026. El más recurrente ha sido el asesinato, con 65 casos, seguido de 21 secuestros y 16 ataques armados.
Y la tendencia confirma que no fue un fenómeno puntual: los eventos de violencia contra políticos y funcionarios públicos —asesinatos, secuestros, atentados y desapariciones— se cuadruplicaron frente a los niveles previos a la captura de Zambada.
En medio de esta crisis de seguridad, el gobierno respondió con el envío de refuerzos de tropas que llegan en oleadas, no de forma constante.
Varios de los despliegues más grandes se anunciaron explícitamente como respuesta a un hecho puntual de violencia —no como parte de una estrategia preventiva sostenida.
El resultado es revelador: pese a esos refuerzos recurrentes, el total de elementos militares estacionados en el estado casi no se ha movido. De poco más de 11 mil en noviembre de 2024 a poco más de 11 mil 300 hoy, casi dos años después.
Como parte de la misma estrategia de seguridad, el gobierno también ha detenido a integrantes del crimen organizado. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, en "La Mañanera" se han anunciado las detenciones de 153 personas, con nombre, lugar y grupo criminal al que pertenecen.
De esas 153, 61 fueron identificadas como parte del Cártel de Sinaloa o alguna de sus facciones: 57.4 por ciento eran integrantes de Los Chapitos, mientras que solo 24.6 por ciento eran de La Mayiza. El resto se divide entre un 11.5 por ciento identificado como parte del Cártel de Sinaloa sin precisar la facción, y 6.6 por ciento de Los Salazar, facción que opera en Sonora y Chihuahua.
Por cada operador de La Mayiza detenido, caen más de dos de Los Chapitos. Ese desequilibrio no es necesariamente una decisión política de proteger a una facción, sino un reflejo de a quién identifica el propio aparato de inteligencia como el motor de la violencia actual.
¿Y de qué habla realmente el gobierno cuando menciona a Zambada en "La Mañanera del Pueblo"? La presidenta Sheinbaum lo ha mencionado en 105 ocasiones desde octubre de 2024, y casi tres de cada cuatro se concentran en solo dos temas: el proceso legal del "Mayo" en Estados Unidos, con 41 por ciento, y la soberanía nacional, con 30 por ciento.
De lo que casi no se habla es de las consecuencias de esa captura dentro de México. El contexto de seguridad en Sinaloa —lo que muestran los datos de homicidios, desapariciones y violencia política— apenas aparece: 7 por ciento de las veces. Y los vínculos con políticos de la entidad, menos del 2 por ciento.
Zambada ya conoce su condena. Pero en México, la guerra entre Chapitos y Mayiza que desató su captura sigue abierta, sin una estrategia sostenida que la contenga. Nadie sabe lo que pasó realmente esa noche en Culiacán, donde también murió Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya siguen sobre la mesa.
Los datos son claros: dos años después, Sinaloa sigue hundida en una crisis de seguridad y no hay nada que la contenga.
ASJ
