Entre 2017 y 2022, ocho periodistas fueron asesinados mientras estaban bajo custodia de este mecanismo de protección federal, según una investigación de Amnistía Internacional y el CPJ
Alberto Amaro es un periodista mexicano que ha sobrevivido a 30 ataques a causa de su profesión. Uno de estos fue perpetrado en su casa, mientras su hijo estaba jugando en el patio: el riesgo ha permanecido latente durante este tiempo, pese a que está incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,.
Su historia no se ha convertido en una tragedia como la de decenas de colegas en el país, quienes han sido asesinados, pero se ha robado su tranquilidad incluso con la presencia de escoltas.
"Mi hijo estaba jugando y empezaron a disparar. Dispararon hacia la casa. Solicitamos al Mecanismo medidas urgentes de protección. Pasaron más de 48 horas y el mecanismo nunca nos respondió".
"Puedo ir a todos lados, porque tengo quién me lleve, porque aparentemente tengo escoltas. Pero no quiero salir porque no me siento seguro ni con ellos. Son dos. Si me topo con cuatro personas, ya nos superaron en número", dijo.
Amaro ha sufrido más de 30 agresiones relacionadas con su trabajo sobre corrupción y crimen organizado, y asegura que la protección del Mecanismo le ha fallado en múltiples ocasiones.
Tras pasar un año en España con su familia debido a amenazas, fue sometido a una nueva evaluación, la cual determinó que él enfrentaba un riesgo alto, pero su familia no. En 2025 las autoridades intentaron retirar las escoltas asignadas a su familia y, posteriormente, restringieron algunos de sus movimientos. Amaro impugnó estas decisiones ante los tribunales y obtuvo un fallo a su favor.
Desde 1992, el Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado 171 asesinatos de periodistas en el país, y ocho de ellos, entre 2017 y 2022, ocurrieron mientras las víctimas estaban incorporadas al Mecanismo de Protección, un programa federal que ofrece escoltas, botones de pánico y vehículos blindados a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, pero algunos de quienes están bajo su protección aseguran que esas medidas no alcanzan para mantenerlos a salvo.
Para la familia del periodista de investigación Francisco Pacheco, la lucha por obtener protección comenzó con su asesinato.
Pacheco fue asesinado a balazos afuera de su casa en Taxco en 2016. Días después, su familia huyó tras recibir amenazas. Diez años después, su hija Priscila sigue exigiendo justicia mientras lucha por conseguir una protección adecuada para su familia.
"Creo que la seguridad es algo que nos arrebataron, algo que nadie podrá volver a garantizarnos nunca", expuso Priscila Pacheco, hija del periodista y abogada en derechos humanos.
Tras recibir más amenazas de muerte, Priscila, su madre y dos hermanos huyeron pocos días después del asesinato, y dejaron atrás su hogar y su imprenta. Más de una década después, continúan desplazados y el crimen sigue sin resolverse.
En algunos casos, la seguridad no llega de las autoridades, sino de pactos entre grupos criminales.
En 2020, el periodista Jonathan Cuevas huyó de Guerrero por amenazas relacionadas con su trabajo sobre el crimen organizado y funcionarios locales.
El Mecanismo lo reubicó en casas de seguridad en la Ciudad de México. Volvió en 2023, cuando grupos rivales pactaron una tregua.
Al regresar, recibió nuevas amenazas, entre ellas advertencias para que dejara de informar sobre la fiscalía local.
"Son medidas que no van a garantizar del todo mi seguridad. ¿De qué me va a servir una cámara de seguridad? Si vienen y me matan, lo único que va a hacer es grabar el momento o mostrar quién entró y quién salió. Pero hasta ahí", comentó Cuevas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que el Estado debe prevenir las agresiones y reducir los riesgos, no solo limitarse a investigarlos.
"El éxito del sistema no debería medirse solamente por el número de medidas otorgadas o por su rapidez de implementación, sino por su capacidad para reducir los riesgos, evitar nuevas agresiones y permitir que periodistas y personas defensoras continúen ejerciendo su labor con libertad y seguridad", indicó Carrillo.
Según Propuesta Cívica, el Mecanismo de Protección Federal de México se ve lastrado por retrasos burocráticos, falta de personal y un enfoque reactivo. Las medidas de protección suelen resultar inadecuadas, las evaluaciones de riesgo sufren demoras y las salvaguardas son retiradas a pesar de que las amenazas persisten.
En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Mecanismo de Protección podría recibir fondos adicionales si fuera necesario. No obstante, Reporteros Sin Fronteras refiere que el gobierno ha avanzado poco en el cumplimiento de sus compromisos en materia de libertad de prensa, incluida una revisión prometida de dicho Mecanismo.
Con información de AP.
