El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó que un niño haitiano, de ocho años de edad, se presentara a una cita de control el miércoles pasado, después de que su padre fue deportado en 2025.
El niño cursa el tercer grado en la escuela primaria Fay en City Heights, en el condado de San Diego, en California, donde vivía con su tío, después de la deportación de su papá.
El menor estaba amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pero lo perdió el 27 de julio, cuando terminó el apoyo para los haitianos tras un fallo del Tribunal Supremo que avaló su eliminación por parte del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.
En la cita, un agente de ICE utilizó una ley de Trata de Personas de 2008 como fundamento para poner al menor bajo custodia del gobierno federal, por lo que el Distrito Escolar de San Diego y líderes de la región del sur de California exigieron respuestas al gobierno de Trump.
“Esto dejó al tío sumido en la angustia y al niño de ocho años sin el apoyo de su familia, su comunidad y su escuela”, señaló el Distrito Escolar de San Diego en una carta enviada a Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
Luego de quedar bajo custodia, el menor fue trasladado a una instalación federal gestionada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).
ICE argumentó que el tío del niño no pudo establecer la tutela legal conforme a la ley federal, por lo que fue retirado y puesto bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, según un comunicado citado por el canal ABC.
Mientras espera el proceso de reunificación familiar, el niño carga con el costo emocional de la separación familiar, la interrupción de su educación y la pérdida de la estabilidad en su rutina diaria, señalaron las autoridades escolares.
“Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente debido a las circunstancias que los rodean”, indicaron los líderes escolares y comunitarios, que exigieron al Departamento de Seguridad Nacional modificar las políticas y procedimientos que afectan a los menores en edad escolar que quedan bajo custodia o son reubicados por el gobierno.
“Como mínimo, se debe prestar mayor atención a la continuidad educativa de estos estudiantes”, indicaron las autoridades.
Johny Oxeda, pastor de la Fairmount Haitian Community Church, que ayudó a conseguir representación legal para el niño, dijo que al final se beneficiará al pasar por los canales legales.
Mientras que Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, dijo que “esto no es protección infantil". Añadió que "esto es trauma infligido por el Estado".