Los autores de obras fotográficas tienen derecho a una compensación económica cuando sus piezas sean subastadas o revendidas, determinó la SCJN
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La SCJN reconoce que las obras fotográficas son arte protegido por derechos de autor. Los fotógrafos recibirán compensación por reventas, igual que pintores y escultores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las obras fotográficas son obras de arte protegidas por el derecho de autor. Por ello, sus autores tienen derecho a recibir un pago cuando sus piezas son revendidas, igual que ocurre con los artistas de obras pictóricas o escultóricas.
El caso llegó al máximo tribunal del país luego de que una casa de subastas impugnara las tarifas fijadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para el llamado derecho de participación de los artistas. También cuestionó que las fotografías fueran reconocidas como obras artísticas.
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, lo explicó de la siguiente manera: “Implica una garantía para los artistas o creadores nuevos, que cuando están iniciando, pues, sus obras tienen un valor bajo. Sin embargo, conforme ganan notoriedad, las obras van incrementándose en su valor, sin que el artista pueda participar de ese incremento de valor en la segunda, tercera, cuarta venta”.
La Corte negó el amparo a la empresa y avaló el pago por la reventa de las obras en pública subasta, en establecimiento mercantil o con la intervención de un comerciante o agente mercantil, acorde con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
En otro asunto, el Pleno ordenó a la Presidencia de la República expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pendiente desde hace 18 años. Los ministros fijaron un plazo de 180 días hábiles para la publicación del Reglamento.
Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN, dejó en claro lo siguiente: “La omisión reglamentaria produce una afectación constitucionalmente relevante al derecho humano, al medio ambiente sano”.
Y en el mismo sentido, añadió: “La omisión reglamentaria acreditada no solo implica el incumplimiento de una obligación legal expresa, sino que compromete la eficacia de un sistema normativo diseñado para garantizar la protección de los ecosistemas constitucionalmente relevantes y afecta directamente los derechos de las comunidades que dependen de ellos”.
Durante la sesión, se hizo un breve receso debido a que sonó una alarma. El ministro presidente, Hugo Aguilar informó inicialmente que se trataba de una falsa alarma de incendios. Sin embargo, tras un receso explicó que se trató de un megáfono utilizado al exterior de la Corte.
El megáfono era utilizado por la manifestante Silvia Castillo, madre de Alan Castillo, quien fue encontrado calcinado en el estado de San Luis Potosí en 2019.
Silvia Castillo llevaba alrededor de dos horas protestando para pedir que la Corte atraiga el caso. La mujer fue atendida por paramédicos debido a que se desvaneció en dos ocasiones después de que funcionarios recibieron su petición en las escalinatas de la puerta principal.
Con información de N+
