La administración estadounidense contempla destinar 20 millones de dólares antes de 2027 para adoptar esta tecnología de contacto en procedimientos de arresto
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El gobierno de Donald Trump planea destinar 20 millones de dólares para dotar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con un nuevo equipamiento táctico durante operativos migratorios. La iniciativa, gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contempla adquirir estos dispositivos antes de marzo de 2027 como una herramienta de “desescalada” ante personas que presenten resistencia.
El dispositivo, denominado CTG-5 G.L.O.V.E. y fabricado por Compliant Technologies LLC, aparenta ser una prenda de protección convencional. Sin embargo, a diferencia de una pistola Taser tradicional que dispara dardos a distancia, este instrumento requiere tocar al individuo para activar un mecanismo discreto. El objetivo es provocar un dolor agudo e instantáneo que distraiga e inmovilice al objetivo de forma rápida durante arrestos o redadas.
Para conocer el alcance de esta tecnología en las labores de control migratorio, te presentamos cinco claves sobre el funcionamiento de esta nueva herramienta:
Mecanismo de contacto directo: El tejido debe tocar directamente la piel de la persona para transmitir el estímulo; no atraviesa ropa gruesa ni actúa a distancia.
Intensidad regulada: Emite una corriente eléctrica controlada con un límite máximo de 380 voltios, orientada a la neutralización inmediata.
Sensación de "picadura de abeja": Especialistas en custodia explican que el impacto genera una molestia punzante comparable al piquete de una abeja, diseñada para desorientar sin causar parálisis muscular prolongada.
Activación encubierta: Posee un interruptor oculto que el agente puede accionar con un movimiento sutil en medio de un forcejeo.
Seguridad médica declarada: El fabricante sostiene que la energía utilizada no interfiere con el funcionamiento de dispositivos cardiacos como marcapasos o desfibriladores.
La propuesta encendió las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos civiles y exfuncionarios de la propia agencia. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) cuestionó severamente la justificación táctica de emplear esta clase de tecnología en procedimientos de carácter civil, advirtiendo que incrementará los casos de uso excesivo de la fuerza y el riesgo de que personas detenidas reciban el estímulo de forma arbitraria o sin advertencia previa.
Frente a las críticas, el fabricante afirma que los agentes deberán completar una capacitación especializada y recertificarse cada dos años para operar el equipo. Pese a la controversia, el DHS mantiene el proyecto dentro de sus partidas presupuestales para el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza e interior.
