Estados Unidos impuso sanciones este miércoles a una red financiera vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, grupo al que la Administración del presidente Donald Trump catalogó el año pasado como organización terrorista extranjera.
El Departamento del Tesoro estadounidense detalló en un comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a diez personas involucradas en un esquema de fraude cibernético que se convirtió en una fuente clave de ingresos para la estructura delictiva.
Según las autoridades estadounidenses, la red con base en México y Venezuela utiliza software malicioso para infectar cajeros automáticos en Estados Unidos y obligarlos a dispensar efectivo en grandes cantidades sin debitar cuentas bancarias, una modalidad conocida como jackpotting. Posteriormente, los fondos robados son blanqueados y transferidos a miembros del grupo en distintos países.
La operación estaría orquestada por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias 'Prometheus', un sospechoso que figura entre los diez fugitivos más buscados por el FBI por crear el software y coordinar el lavado de dinero mediante criptomonedas.
De forma paralela, el Tesoro sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias 'Juancho', un dirigente de alto rango del Tren de Aragua al que señala de dirigir operaciones en América del Sur que incluyen minería ilegal de oro, narcotráfico y delitos violentos.
Las medidas implican el congelamiento de todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos, así como la prohibición de que ciudadanos o instituciones estadounidenses realicen transacciones financieras o comerciales con ellos.
La investigación de las autoridades estadounidenses reveló que la red de ciberfraude liderada por alias 'Prometheus' operaba con una base logística y de lavado asentada en México y Venezuela. Desde ahí, coordinaban a células operativas que intervenían los cajeros automáticos en territorio norteamericano para extraer el dinero y blanquearlo hacia la estructura del Tren de Aragua.
Como parte de las acciones para desmantelar esta infraestructura, el Tesoro sancionó a dos empresas fachada domiciliadas en México que pertenecían a miembros del grupo. Se trata de Enigma Community, S. de R.L. de C.V., propiedad de Óscar Leonardo Martínez Pirona, y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., perteneciente a Alejandro Mejía Castillo, las cuales eran utilizadas para dar apariencia de legalidad a las ganancias de la organización delictiva.