Bajo el paradisíaco sol del Caribe mexicano, Oscar Castillo permaneció oculto de las autoridades estadounidenses, tras abusar sexualmente y violar una menor de edad en la ciudad de Chicago, Illinois, entre el 2005 y 2008. Su fortuna de permanecer en la impunidad se extendió durante trece años, hasta que fue detenido en febrero de 2021, en Quintana Roo, y extraditado un año más tarde.

Con el mismo destino corrió José Huerta en octubre de 2022, acusado seis años atrás de abuso sexual contra una menor de 11 años de edad, y capturado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ambos casos son parte de la lista de las 200 peticiones de solicitudes de extradición que recibió el gobierno mexicano a través de la Fiscalía General de la República (FGR) de diferentes países por abuso sexual, violación, pornografía infantil, trata, rapto, secuestro, sodomia, corrupción de menores, explotación sexual y más delitos contra la niñez entre enero de 2000 a febrero de 2023, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia en poder de N+.

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Las peticiones, en las que no se muestran las nacionalidades de los solicitados, exponen cómo estos malhechores encontraron en México un paraíso para ocultarse, luego de ser acusados de diversos ilícitos contra niñas, niños y adolescentes en distintos territorios internacionales. No es lo único.

Tras una revisión de un total de mil 946 solicitudes de extradición a México, por distintos crímenes, se encontró que los perpetrados contra la niñez son la tercera causa, sólo por detrás de asociación delictuosa y contra la salud (narcotráfico), y homicidio, por la que se le solicitan a México extradiciones.

Los datos muestran que 189 fueron hechas por Estados Unidos; luego en menor medida aparecen Argentina, con 3; Gran Bretaña y Hungría, con 2 cada una, y Canadá, Israel, Italia y España con 1 cada uno.

Terreno fértil para operar delitos contra la niñez

México se convierte en un lugar muy conveniente para ocultarse debido a la impunidad que impera respecto al acceso y procuración de justicia. A esto se suma que es un territorio de tránsito migratorio y abundantes destinos turísticos atractivos para los extranjeros, lo que facilita permanecer bajo la sombra en cualquier punto, coinciden expertos.

Y hay algo más que los seduce: existen distintas regiones conocidas por su capacidad de ofertar turismo sexual infantil, a merced de las autoridades.

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Esta suma de contextos propician un mayor riesgo de que no sólo se resguarden aquí, sino que continúen perpetrando atrocidades contra la niñez mexicana, incluso la migrante, de manera impune.

“Los riesgos y peligros de que estas personas estén aquí, huyendo de la justicia de los países, es que lamentablemente no contamos con la evidencia para poder sostener que México va a garantizar un juicio adecuado a estos principios (...) Se tiene comprobado un déficit en acceso y procuración adecuada de justicia”, señala Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

José Lugo coordinador de Incidencia Política y Protección de Save the Children en México coincide, en que la falta de certeza jurídica, en la que hay impunidad y poca capacidad de investigación para sentenciar los casos son atractivos para este tipo de delincuentes.

Tan sólo en el país se registraron poco más de 222 mil delitos contra menores entre enero de 2015 a abril de 2023 –periodo en el que se han incrementado año con año de manera gradual, por ejemplo, en 2016 hubo 21 mil 700 y para el 2022 se suscitaron 33 mil 200–, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De éstos, 14 mil 217 fueron por corrupción de menores y 2 mil 142 por trata. Sin embargo, la cifra negra puede ser mucho mayor porque en el país no siempre se denuncian todos los delitos.

El incremento de estos dos delitos es preocupante, ya que en los últimos 4 años del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se registraron 5 mil 593 por corrupción de menores, mientras que desde el 2019 con el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron 8 mil 624. En tanto la trata de menores pasó de 748 a mil 394, en el mismo periodo.

En el país existen condiciones jurídicas y materiales por las que este tipo de delincuentes (a los que se les solicitó su captura y extradición) encuentran un lugar propicio no sólo para esconderse, sino que es posible que estén operando en contra de la niñez mexicana y emprender negocios ilícitos, explica la directora de Redim.

La primera, dice, es que no siempre hay investigaciones adecuadas y que tengan enfoque en derechos de la niñez. La otra es que en las propias familias es donde se propician casos de abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, además que muchas promueven la pornorgrafía infantil y la trata.

El coordinador de Save the Children en México coincide que tenemos un “contexto en donde las niñas y niños no están seguros a veces ni en sus hogares”.

Por otra parte expone que el turismo sexual y la migración son otras de las condiciones que encuentran estos delincuentes a los que se les solicitó su extradición.

“Nuestro país como un lugar de tránsito de personas también facilita que (lleguen), sobre todo como comentabas de Estados Unidos, pues hay mucho turismo sexual. Hay lugares como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, en donde va a haber esta atracción, donde la niñez sufre diferentes tipos de violencia y entonces se vuelven paraísos para ese tipo de delitos y seguramente también están incitados para venir a este mercado”, asegura.

Incluso, destaca, que con el tema de la migración también hay toda una red de tráfico ilegal de migrantes sometidos a la trata, la mendicidad y más. “Entonces las niñas y niños son quienes se encuentran más invisibilizados. Sobre todo en un contexto migratorio”, lamenta.

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