La SCJN validó la reforma que reserva al Estado el control del litio y prohíbe concesiones privadas, medida que en 2023 derivó en un arbitraje con la minera china Ganfeng
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la reforma a la Ley Minera que reserva al Estado mexicano la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, y prohíbe el otorgamiento de concesiones a particulares.
La resolución, adoptada en sesión de Pleno el 24 de marzo de 2026, cierra una impugnación que cuestionaba la constitucionalidad del decreto de nacionalización, en el contexto de un arbitraje internacional que la minera china Ganfeng mantiene contra México desde 2023.
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El Pleno respaldó los artículos 1, 5 Bis y 10 de la Ley Minera, que concentran en manos del Estado todas las fases del ciclo del litio: exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento.
Las mismas disposiciones prohíben las concesiones a privados, declaran zonas de reserva minera aquellos territorios con yacimientos del mineral y ordenan la creación de un organismo público descentralizado para operar estas actividades.
La SCJN tomó como referencia la reforma constitucional de octubre de 2024, que consolidó el carácter estratégico del litio y ratificó expresamente la prohibición de concesiones en esta materia.
Uno de los argumentos centrales de la impugnación era que la reforma debió someterse a una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte lo descartó al determinar que el cambio legal constituye una modificación general al régimen jurídico del litio, sin generar una afectación directa y diferenciada en los derechos de esos grupos.
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La Corte también precisó que clasificar los yacimientos de litio como zonas de reserva minera es compatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica, siempre que su aplicación se realice conforme a los procedimientos de la Ley Minera y su Reglamento, con sustento técnico del Servicio Geológico Mexicano.
La resolución llega tres años después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador encabezara la firma del decreto de nacionalización en Bacadéhuachi, Sonora, en febrero de 2023, y de la creación de la paraestatal LitioMx. Ese acto derivó en la cancelación de nueve concesiones de la minera china Ganfeng, que en su momento abrió un arbitraje internacional contra México.
En junio de 2024, López Obrador reconoció públicamente la disputa: "hay una diferencia en cuanto a unas concesiones de minas de litio en Sonora, con una empresa de origen chino". En esa misma conferencia, el entonces mandatario adelantó que "sí vamos a acudir a estos paneles internacionales para defender nuestro derecho".
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CT
