A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, las familias continúan la búsqueda de verdad y justicia, mientras el caso vuelve a sacudir a Guerrero
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Casi 12 años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el caso vuelve a colocar a un exgobernador en el centro de las investigaciones. Ángel “N”, quien estaba al frente de Guerrero cuando ocurrieron los hechos, fue detenido el 6 de agosto de 2026 y enviado al penal del Altiplano, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La detención ocurre mientras las familias de los normalistas siguen sin conocer el paradero de sus hijos. En estos casi 12 años, cinco madres y padres murieron sin obtener respuestas sobre lo ocurrido aquella noche en Iguala.
La madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecieron en Iguala, Guerrero. En ese momento, Ángel “N” era gobernador del estado.
Nuevas líneas de investigación de la FGR señalan una posible participación del exmandatario en la destrucción de evidencias relacionadas con el caso. De acuerdo con la fiscalía, dos testimonios apuntaron que habría ordenado destruir videos de cámaras de seguridad que registraron la persecución del autobús en el que viajaban los estudiantes.
Un testigo protegido también señaló que Ángel “N” habría ordenado desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia de Iguala.
26 días después de la desaparición de los normalistas, Ángel “N” solicitó licencia al cargo y posteriormente dejó la gubernatura.
En 2017, los padres de los normalistas boicotearon el intento de Ángel “N” de regresar a la política mediante una candidatura a diputado federal por la Costa Chica. Finalmente, el exgobernador declinó.
La búsqueda de los estudiantes continuó durante los siguientes años, pero también llegaron las pérdidas para las familias. En febrero de 2018 murió Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, víctima de cáncer.
En 2021 fallecieron Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Santos, por complicaciones de COVID-19, y Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario, debido a la diabetes.
En agosto de 2022 murió Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio. En mayo de 2025 falleció Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo, por un paro respiratorio.
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El 6 de agosto de 2026, Ángel “N” fue detenido en el Estado de México e ingresado al penal del Altiplano.
Durante la audiencia del 7 de agosto, que se prolongó por más de siete horas, la FGR presentó datos de prueba sobre la presunta destrucción de un DVD con videos de dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la fiscalía, las imágenes mostraban a policías trasladando a estudiantes de un autobús a otro, mientras estaban sometidos y vigilados por policías y hombres armados. Después, patrullas habrían escoltado el autobús, seguidas por camionetas con hombres armados.
La FGR señaló que Ángel “N” habría ordenado al entonces procurador Iñaki Blanco encargarse del video y a Ernesto “N”, sobrino del exgobernador, desaparecer evidencias.
El exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró tener la conciencia tranquila. Su defensa solicitó que enfrentara el proceso en su domicilio por motivos de salud.
El juez de control Mario Elizondo, sin embargo, ordenó prisión preventiva oficiosa y determinó que permanezca en el Altiplano, al menos, hasta la audiencia de vinculación a proceso prevista para el próximo martes.
Ángel “N” se suma así a otros altos funcionarios procesados por el caso, entre ellos el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam fue vinculado a proceso por primera vez el 24 de agosto de 2022 por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. El 22 de abril de 2023 recibió una segunda vinculación por nuevos cargos de tortura y desaparición forzada.
En julio de 2026, un juez federal modificó sus medidas cautelares: sustituyó la prisión preventiva domiciliaria por un sistema de resguardo con brazalete electrónico y restricciones de movilidad, al considerar que su proceso se ha prolongado sin una sentencia por causas ajenas a él.
A casi 12 años de aquella noche, los 43 estudiantes continúan desaparecidos y sus familias siguen esperando respuestas. “Si hoy la detención del exgobernador ayuda para llegar a la verdad, pues creo que la esperanza no ha muerto”, dijo Felipe de la Cruz, familiar de los estudiantes desaparecidos.
