El Gobierno de México asegura que existen contradicciones en el caso por el traslado y detención de 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos
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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer hoy, 8 de julio de 2026, detalles sobre la solicitud de información al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre su presunta participación en el operativo por el que el narcotraficante mexicano, Ismael "El Mayo" Zambada, fue trasladado y detenido en Estados Unidos, en 2024.
En conferencia de prensa, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, apuntó tres situaciones graves derivadas del caso:
Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional.
Pacto al margen de la ley.
Mentira de un funcionario estadounidense, en este caso el exembajador Ken Salazar.
Lo anterior, añadió, es una transgresión al principio anular de la buena fe de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.
Sobre el secuestro de El Mayo, la fiscal dijo que este hecho está presumiblemente relacionado con la incorporación al programa de testigos protegidos por parte de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
"Presumiblemente, el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de este hombre por parte del gobierno de Estados Unidos", dijo Godoy.
Cuestionada sobre versiones que apuntan a que el caso serviría para proteger al narcotraficante, la fiscal general, Ernestina Godoy, lo negó: dijo que la dependencia cuenta con carpetas integradas y pruebas suficientes que permitieron obtener varias órdenes de aprehensión vigentes contra Zambada, lo que motivó la solicitud de extradición a Estados Unidos.
"Nadie está protegiendo a esta persona. Está investigada, tiene órdenes de aprehensión vigentes; por eso hemos podido solicitar la extradición", afirmó Godoy.
La fiscal explicó que Estados Unidos negó la extradición al argumentar que Zambada ya está siendo procesado en ese país, por lo que la FGR solicitó que también sea procesado por los delitos cometidos en territorio mexicano.
Sobre los datos que ha aportado el gobierno estadounidense, Godoy respondió que la información recibida ha sido parcial e insuficiente, y no descartó que exista alguna responsabilidad del exembajador Ken Salazar en el caso.
El fiscal especial en delitos complejos, Raúl Jiménez, detalló que el 14 de agosto de 2024 la FGR envió una solicitud formal de asistencia jurídica al gobierno de Estados Unidos por el "secuestro" de Zambada, con 11 puntos de información. De esos, dijo, Washington solo respondió seis. Añadió que el área de asuntos internacionales de la dependencia ha emitido 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia estadounidense, sin dar más detalles al respecto.
Jiménez precisó también que existen más de 30 investigaciones en distintas etapas dentro de las siete carpetas relacionadas con el caso, aunque no ofreció un número exacto de órdenes de aprehensión ni identificó contra quiénes se dirigen algunas de ellas.
Salazar mintió, pero goza de inmunidad diplomática, explica la FGR
Un especialista en derecho internacional de la dependencia, presente en la conferencia, ahondó en la postura de la Fiscalía sobre Ken Salazar. Señaló que la buena fe es una norma imperativa del derecho internacional, particularmente en las relaciones diplomáticas, y que la afirmación del entonces embajador —de que ninguna agencia estadounidense intervino en el operativo— resultó falsa.
Según su explicación, esto representa una violación al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y a las prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.
Aclaró, sin embargo, que las consecuencias no serían de carácter penal: como embajador en funciones, Salazar contaba con inmunidad diplomática, por lo que no puede ser investigado, perseguido ni sancionado por lo ocurrido durante su encargo. Precisó además que el señalamiento por mentir no implica que se le considere copartícipe o corresponsable del operativo que, según la FGR, ejecutó el FBI.
Sobre el piloto que trasladó a Zambada, la FGR informó que fue deportado, pero continuó cometiendo delitos en México: fue detenido por portación de arma y, posteriormente, entregado al gobierno de Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional.
Sobre las 10 personas señaladas por el gobierno de Estados Unidos —entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya—, el fiscal especial en delitos complejos indicó que la indagatoria se sustancia en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos.
Dijo que ya se realizaron entrevistas ministeriales y se citó a los 10 señalados, y que se han recibido reportes e informes, pero que aún no se reúne el estándar probatorio mínimo que exige la ley mexicana para solicitar órdenes de aprehensión.
Precisó que la investigación se limita únicamente a los delitos señalados por Estados Unidos en su solicitud de detención provisional con fines de extradición, sin que se haya ampliado a otros posibles delitos.
La fiscal general distinguió este caso de entregas previas de más de 90 personas bajo la Ley de Seguridad Nacional, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión y procesos en curso. En el caso de los 10 señalados, dijo, se trata de una solicitud distinta: una detención provisional con fines de extradición, planteada por Estados Unidos como medida urgente, cuya justificación de urgencia la FGR ha pedido que se explique. El proceso, señaló, sigue la Ley de Extradición.
Cuestionada sobre la alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula el huachicol fiscal con el financiamiento de políticos, y sobre el estatus de militares señalados en aduanas de Ciudad Juárez, Palomas y Piedras Negras, Godoy remitió a un boletín difundido ese mismo día por la dependencia, en el que se detallan alrededor de 33 investigaciones en curso por contrabando de combustibles, con varias personas detenidas.
El miércoles, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la presunta intervención del FBI en la detención de El Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024, en Estados Unidos, luego de que el avión donde el narcotraficante mexicano fue trasladado, se exhibe en un museo de Nuevo México.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que existen contradicciones en el caso y que “alguien mintió”.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las declaraciones del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien presuntamente habría mentido al Gobierno de nuestro país, por la posible intervención del FBI en el operativo, que derivó en la detención de Zambada, en territorio estadounidense.
