Autoridades de Estados Unidos de América anuncian apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve personas más
Autoridades estadounidenses anunciaron hoy, 29 de abril de 2026, la apertura de una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas y otros relacionados con armas.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) destacó que todos los acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa.
"Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos", indicó.
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El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la acusación contra las siguientes personas:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cazarez, senador y exfuncionario de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
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Según la información oficial, las nueve personas, incluido el gobernador Rubén Rocha, son acusadas de los siguientes cargos:
Conspiración para la importación de narcóticos.
Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Además, a Juan Valenzuela Millán se le imputaron dos cargos adicionales: secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Valenzuela Millán está acusado de esos delitos relacionados con su probable participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.
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Los acusados enfrentarían penas máximas de cadena perpetua y mínimas de 40 años de prisión.
En el caso de Valenzuela Millán, éste enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
"Las penas mínimas y máximas establecidas por ley son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí únicamente con fines informativos, ya que la sentencia de los acusados será determinada por un juez", aclaró el Departamento de Justicia.
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El fiscal federal Jay Clayton, citado en el comunicado, declaró que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito "sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo".
"El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia", comentó.
Mientras que el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que el Cártel de Sinaloa se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro.
"Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley", manifestó.
Según las alegaciones contenidas en la acusación formal y otros documentos, el Cártel de Sinaloa ha convertido a Sinaloa "en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial".
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De igual manera, en el texto oficial se indicó que la organización criminal se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, para proteger y expandir su imperio el narcotráfico.
Según la acusación, cada una de las personas señaladas "participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".
Presuntamente, los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, conocidos como Los Chapitos.
En el comunicado se agregó que Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, luego de que Los Chapitos "supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales".
"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa", se sostuvo.
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Con información de N+.
spb
