Tres historias de mujeres indígenas que enfrentaron acusaciones sin pruebas y procesos judiciales sin intérpretes, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena
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En México persisten historias que reflejan las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres indígenas. Racismo, machismo, pobreza y obstáculos para acceder a la justicia convergen en casos que han marcado al país y puesto en evidencia las fallas de las autoridades.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora cada 5 de septiembre, recordamos tres casos que indignaron a México. Sus protagonistas enfrentaron acusaciones sin pruebas, procesos judiciales sin intérpretes adecuados y la falta de investigaciones efectivas sobre la violencia que denunciaron.
A esta realidad se suman prácticas que, bajo el argumento de los llamados usos y costumbres, han vulnerado los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
Uno de los primeros casos que generó indignación nacional fue el de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, tres mujeres indígenas otomíes de Querétaro que fueron acusadas en 2006 de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).
Las autoridades sostuvieron que las tres mujeres participaron en la retención de los agentes durante un operativo en un tianguis. Sin embargo, el caso fue cuestionado por las irregularidades en el proceso y las pruebas presentadas en su contra. Jacinta, Alberta y Teresa recibieron condenas de 21 años de prisión.
La falta de garantías durante el proceso judicial y la situación de las tres mujeres generaron críticas de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Con el paso de los años fueron liberadas y la entonces Procuraduría General de la República ofreció una disculpa pública por el caso.
Un año después, en 2007, la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer náhuatl de 73 años, abrió otra polémica que involucró a autoridades mexicanas. La mujer fue encontrada con graves lesiones cerca de un campamento del Ejército Mexicano en Soledad Atzompa, Veracruz.
Antes de morir, Ernestina Ascencio señaló a soldados como sus agresores. Sin embargo, las investigaciones y las versiones oficiales sobre las causas de su muerte generaron cuestionamientos y críticas por el manejo del caso.
La controversia volvió a cobrar relevancia en años posteriores y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado mexicano por violaciones relacionadas con el caso, entre ellas la violencia sexual y la tortura denunciadas, así como las irregularidades y el encubrimiento institucional señalados durante las investigaciones.
La violencia contra las mujeres indígenas también ha abierto un debate sobre los límites de los usos y costumbres y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos.
En comunidades de la Montaña de Guerrero y de la Sierra de Oaxaca, activistas han denunciado prácticas relacionadas con la entrega de niñas y adolescentes para matrimonios forzados a cambio de pagos o acuerdos entre familias. Estas situaciones han sido señaladas en ocasiones como parte de las tradiciones comunitarias, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que ninguna costumbre puede justificar la violencia contra mujeres y menores de edad.
Uno de los casos que atrajo atención fue el de Angélica, una adolescente de 15 años de Guerrero que, de acuerdo con las denuncias difundidas sobre su situación, fue encarcelada por la policía comunitaria después de huir de la casa de su suegro, a quien acusó de intentar violarla de manera reiterada.
Estos casos, ocurridos en distintos momentos y regiones del país, reflejan una realidad en la que las mujeres indígenas enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia y ejercer plenamente sus derechos. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, sus historias recuerdan que la discriminación y la violencia siguen siendo desafíos pendientes en México.
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