Despojo en CDMX: Las Trampas Para Quitar Propiedades
Contratos falsos, papeles irregulares y un sistema judicial lento complican la recuperación de inmuebles despojados
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Contratos falsos, papeles irregulares y un sistema judicial lento complican la recuperación de inmuebles despojados
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Recuperar una vivienda en la Ciudad de México tras un despojo puede tomar entre ocho meses y cinco años. Los casos rara vez son sencillos ni se resuelven con la sola llegada de la policía: las redes dedicadas a este delito, que operan en colonias como la Del Valle y diversos puntos de la capital, recurren a complejas estrategias legales para congelar las investigaciones penales y alargar los litigios en tribunales civiles durante años.
En la Ciudad de México, según cifras del propio gobierno capitalino difundidas por la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la presentación de su estrategia contra este delito, desde 2019 hasta la fecha se presentan en promedio entre 10 y 11 casos diarios; es decir más de 4 mil en un solo año.
En este contexto, la propuesta, recientemente presentada, del Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de restituir inmuebles en 15 días y judicializar las carpetas en 30 choca directamente con la realidad del sistema de justicia y el modo de operar de los despojadores.
Para empezar, la promesa gubernamental contiene letras chiquitas: solo aplica si las víctimas entregan desde el primer momento pruebas documentales completas que acrediten la propiedad y no existen disputas o falsificaciones de por medio. Esto reduce la estrategia a un número mínimo de casos y deja fuera a la mayoría de los afectados, porque lo cierto es que muchas personas no tienen sus papeles en orden.
Además, un despojo ocurre de manera imprevista; la víctima llega a su propiedad, descubre que la cerradura fue cambiada y sus pertenencias, muebles y papeles personales quedan atrapados en el interior. Nadie camina por la calle con las escrituras en la bolsa previendo que un grupo invadirá su casa.
Cuando eso sucede y no se tienen las escrituras a la mano, explica la abogada Salma Sosa, especialista en recuperación inmobiliaria, la persona afectada puede solicitar una copia certificada ante el Registro Público de la Propiedad o un notario. Pero el trámite, advierte la especialista, toma al menos 15 días, el mismo tiempo que promete la autoridad para la restitución, y un lapso que los ocupantes pueden aprovechar para fabricar y presentar documentos falsos ante la autoridad.
El principal cuello de botella en la vía penal ocurre cuando los ocupantes presentan una defensa documental fabricada. Salma Sosa explica que la investigación penal se detiene por completo en el momento en que quienes invadieron el inmueble exhiben ante el Ministerio Público un contrato privado de arrendamiento o de compraventa apócrifo para justificar su estancia.
Ante la sola presentación de estos papeles, la representación social argumenta que carece de las atribuciones jurídicas y de los servicios periciales inmediatos para verificar si las firmas son auténticas. Bajo ese criterio, la Fiscalía declara que se trata de una controversia entre particulares sobre la posesión, remite el expediente a los juzgados civiles y se desliga del proceso penal.
El traslado a la vía civil transforma el caso en un litigio largo y costoso. Para avanzar, la persona despojada se ve obligada a interponer un juicio ordinario reivindicatorio o de nulidad de contrato, lo que exige el desahogo de pruebas periciales en grafoscopía, para evaluar la autenticidad de las firmas, y en documentoscopía, para analizar el papel y las tintas. Todo este proceso pericial corre a cargo del propietario afectado.
Aun cuando el legítimo dueño obtiene una sentencia favorable en primera instancia, la restitución física de la propiedad se puede aplazar por la interposición de recursos de apelación y juicios de amparo por parte de los ocupantes.
Sosa advierte además sobre un cambio reciente en las decisiones de los jueces federales que ha terminado por favorecer a los despojadores: anteriormente, para conceder la suspensión en un amparo se fijaban garantías de hasta 150 mil pesos; sin embargo, actualmente los criterios judiciales fijan garantías basadas en estimaciones de renta que van de los 10 mil a los 15 mil pesos.
Para quien ocupa un inmueble de forma ilegal, pagar esa suma resulta accesible y le garantiza mantener la posesión del inmueble durante el año o más que toma resolver el amparo. La cantidad es mucho menos que una renta.
Superada la etapa judicial, la ejecución física de la orden de desalojo o lanzamiento enfrenta una serie de trabas administrativas que suelen cancelar las diligencias a última hora.
En la Ciudad de México, no basta con la orden dictada por un juez ni con la presencia del actuario. Dependiendo de quiénes se encuentren al interior del inmueble, la ley exige la asistencia obligatoria de dependencias específicas: si hay adultos mayores, debe acudir el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores; si hay menores de edad, el DIF; y si hay mascotas, la Brigada de Vigilancia Animal.
Los despojadores, dice Sosa, están recurriendo justamente a introducir en las viviendas adultos mayores, niños o animales de compañía para dificultar que todas las instituciones se coordinen y se presenten el día del desalojo, lo que suele posponerlos.
A esta fragmentación institucional se suma la falta de apoyo operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La abogada Sosa señala que es frecuente que, a pesar de que el juez notifique con anticipación la fecha de la diligencia, la policía cancele la asistencia de los elementos a última hora argumentando la atención de marchas, manifestaciones u operativos prioritarios en la ciudad. Cada cancelación obliga a reprogramar el lanzamiento meses después.
Frente al discurso oficial de la restitución veloz, analistas e investigadores coinciden en que los 15 días son inviables para la inmensa mayoría de los delitos de despojo en la capital. Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisa que un plazo de dos semanas solo es técnicamente aplicable bajo dos supuestos muy específicos: cuando la policía logra una detención en flagrancia durante el momento mismo de la invasión, o cuando la víctima cuenta con toda la documentación en regla y el inmueble no presenta ninguna irregularidad ni disputa registral.
En cualquier caso donde no haya detenidos o se requiera revisar la cadena de escrituración ante el Registro Público de la Propiedad, la investigación sobrepasa por mucho las dos semanas.
Por su parte, Ariadna Salazar, académica de la Universidad Iberoamericana, advierte sobre los riesgos jurídicos que implica forzar a las autoridades ministeriales a cumplir metas de 15 o 30 días en el ámbito penal.
Salazar subraya que la Fiscalía capitalina opera dentro de un sistema con niveles de congestión e impunidad superiores al 50%, por lo que la prisa administrativa por judicializar expedientes puede derivar en investigaciones deficientes y en la violación del debido proceso.
La académica de la Ibero enfatiza que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece plazos de investigación complementaria que van de los dos a los seis meses para delitos como el despojo.
Intentar reducir este margen mediante un acuerdo o anuncio administrativo no solo genera falsas expectativas en la ciudadanía, sino que abre la puerta a que los juzgadores emitan fallos apresurados que posteriormente sean anulados o revertidos en instancias superiores por vicios en la integración de la carpeta, explica.
Los especialistas coinciden en que los avances reales para combatir el despojo no vendrán de plazos exprés, sino de resolver el rezago de regularización en la propiedad privada de la Ciudad de México.
Medidas como la creación de defensorías especializadas, la persecución de la corrupción en notarías y ministerios públicos y el resguardo policial, como los que se han anunciado, son pasos necesarios, pero resultan insuficientes si las viviendas continúan sin documentos.
Una gran parte de las invasiones y despojos planeados por redes delictivas se cometen contra propiedades que carecen de escrituración actualizada, inmuebles atrapados en juicios sucesorios o intestamentarios que llevan años sin resolverse, o casas que quedaron vacías por abandono o desplazamiento de sus dueños.
Mientras estos rezagos persistan en la documentación de miles de familias capitalinas, la falta de papeles en regla continuará siendo la principal brecha que aprovechan las redes de despojo para apoderarse de los inmuebles y mantener los litigios impunes durante años.
