Prisciliano Trejo fue detenido por ICE y su salud se deterioró. En coma, fue entregado a su familia y murió nueve días después. Su caso se suma a otros fallecimientos de migrantes
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Prisciliano Trejo tenía todo un plan de vida. Quería emprender su propio negocio de taller automotriz, enfocado en modificar y personalizar vehículos deportivos de subasta para convertirlos de transmisión automática a manual, un servicio especializado y de alta demanda entre aficionados a los autos. Ese era su sueño. También tenía planeado casarse. Tenía novia y muchos planes. Pero su vida se apagó o la apagó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según las denuncias de su familia.
El joven de 29 años, a quien sus allegados llamaban cariñosamente Yanito, gozaba de buena salud, afirma su padre, también de nombre Prisciliano Trejo. Estaba bien, confirma. Pero el 25 de junio fue detenido por ICE, en un presunto incidente de tránsito.
“Yanito” nació en México. Llegó a Estados Unidos, de la mano de sus padres, cuando tenía apenas tres años. Fue beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Pero su permiso expiró y no pudo renovarlo por falta de recursos.
La detención se hizo en el condado de Durham, Carolina del Norte, donde residía el joven con su familia. Días después fue trasladado al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, en el suroeste de Georgia, una instalación privada operada por CoreCivic para ICE. El 6 de julio empezó a sentirse mal y pidió atención médica.
Durante los siguientes ocho días, según las denuncias de sus familiares y de organizaciones que acompañaron el caso, no se le ingresó a un hospital. “No le dieron ni medicamentos, pese a que estaba tosiendo sangre, se sentía mal y tenía un hematoma que no desaparecía”, dice su padre, que logró hablar con el joven varias veces durante su detención.
Fue trasladado a un hospital hasta el 13 de julio, día en que habló por última vez con su padre. El 15 de julio, con Yanito ya en coma y con un diagnóstico de leucemia avanzada, el ICE le transfirió la custodia a su familia. Nueve días después, el 24 de julio, murió en el hospital.
La familia y las organizaciones que acompañaron el caso cuestionaron que ICE hubiera transferido la custodia cuando Trejo ya estaba inconsciente. La pregunta no es solamente por qué murió, sino qué ocurrió durante los días en que todavía permanecía dentro del centro y su enfermedad requería atención especializada. ICE no ha hecho público un informe sobre el caso de Yanito.
Su padre asegura que incluso duda del diagnóstico de leucemia, de la que Yanito no tuvo síntomas nunca antes de su detención. Y afirma que en el centro Stewart, y bajo custodia de ICE, su salud física y mental se deterioró. “A mi hijo algo le hicieron”, sostiene.
Lo que pasó con Trejo se inserta en algo que se está volviendo recurrente. Eunice Rendón, especialista en asuntos migratorios y coordinadora de Agenda Migrante, señala que existen al menos otros seis casos recientes de mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE por situaciones relacionadas con falta de atención o presunta negligencia médica. Centros como Stewart, en Georgia, y Adelanto, en California, aparecen entre los lugares que concentran denuncias por deficiencias médicas y violaciones a derechos humanos.
En Adelanto, donde han muerto cuatro connacionales, México ya presentó una notificación formal de cese y desistimiento por la presunta denegación de atención médica. En ese centro también se presentó una demanda colectiva que, de acuerdo con Rendón, documentó un patrón sistémico de negligencia.
Las cifras muestran además un incremento de las muertes bajo custodia de ICE, no solo por falta de atención médica, sino por diversas causas. Rendón señala que en 2025 murieron 31 personas y que durante el regreso de Donald Trump a la presidencia ya se habían registrado más de 25 decesos , niveles que, según explica, no se habían visto en las últimas dos décadas.
Amilcar Valencia, director ejecutivo de la organización El Refugio, que brinda apoyo a personas detenidas en el Centro de Detención Stewart y a sus familias, describe el periodo actual como un récord de fallecimientos y menciona un promedio de menos de seis días entre una muerte y otra, por diversas causas.
Para Tonatiuh Guillén, investigador y excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), una de las claves para entender el problema está en el momento mismo del arresto. ICE, sostiene, actúa de manera tan agresiva que el estado de salud de las personas no funciona como un criterio para determinar si deben ser detenidas o si pueden permanecer dentro de una instalación migratoria.
“Todo el sistema de detenciones de ICE tan agresivo y tan violento, no interroga nunca por derecho ni cuestiones de salud ni nada”, afirma. Así, una persona puede ingresar a un centro con un padecimiento o desarrollarlo ahí sin que esa condición se convierta necesariamente en un factor que modifique su detención.
Una vez dentro, la atención médica, de acuerdo con Guillén, suele limitarse a intervenciones con medicamentos básicos. El traslado a hospitales se hace hasta que la situación ya es crítica.
“Únicamente cuando es muy evidente que una persona tiene una situación de salud delicada”, explica, es cuando se moviliza a los detenidos a hospitales. Antes de eso, pueden permanecer en condiciones de hacinamiento y recibir tratamientos básicos.
Hay otro elemento que se está volviendo un patrón: cuando los detenidos ya están muy graves, ICE transfiere la custodia a la familia para que en caso de muerte, ese fallecimiento no cuente como sucedido bajo su custodia.
Guillén asegura que existen señalamientos similares de otros casos, además del de Prisciliano. Personas que permanecen detenidas hasta que su estado se vuelve delicado son liberadas o entregadas a sus familias ya cerca de morir. “Es muy crudo lo que está ocurriendo”, afirma.
El problema se vuelve todavía más difícil de rastrear después de que ICE derogó políticas relacionadas con el reporte de muertes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a la liberación. Activistas y abogados consideran que este cambio puede contribuir a ocultar fallecimientos relacionados con las condiciones de detención.
Stewart, donde permaneció Trejo, no es una prisión pública tradicional. Es una instalación operada por CoreCivic mediante un contrato con ICE. Ese modelo es parte de una industria. Guillén lo resume así: “Es un negocio inmenso”. El excomisionado del INM precisa que los recursos destinados a la estrategia antiinmigrante hacia el final del periodo de Trump alcanzarían los 240 mil millones de dólares.
En este sistema, los centros privados tienen que cumplir determinados estándares de detención. Pero el problema, explica Amilcar Valencia, es que los Estándares Nacionales de Detención no están codificados como ley, así que las corporaciones privadas que operan los centros cumplen solo con el mínimo requerido, lo que deriva en violaciones a los protocolos médicos.
“Las corporaciones se adhieren a lo mínimo que se ha requerido”, señala. Y cuando existen violaciones, agrega, hay pocas repercusiones. Cuando se detectan fallas, se pide a la empresa "corregir", pero no hay seguimiento real ni consecuencias legales.
En Stewart, Valencia ha acompañado a personas detenidas y contabiliza 15 muertes desde que comenzó el registro en el centro. La respuesta, explica, suele limitarse a un comunicado y una investigación interna que termina sin consecuencias para quienes operan la instalación.
La respuesta se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar. Los especialistas entrevistados describen el desmantelamiento de mecanismos de supervisión que ya eran limitados. Rendón señala que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles redujo su plantilla de 118 empleados a apenas tres. Valencia afirma que las instancias independientes que podían realizar inspecciones y sancionar violaciones fueron eliminadas durante la actual administración.
“En este momento no existe ninguna forma. No hay una entidad del gobierno que está haciendo o independiente [...] inspecciones y que en realidad está poniendo sanciones a los centros”, sostiene.
Y cuando los legisladores intentan obtener información, tampoco la reciben. En enero de 2026, un grupo de congresistas demócratas pidió a Homeland Security un informe sobre las muertes ocurridas en los centros y sobre otros fallecimientos. El documento no fue entregado.
En cuanto a la actuación del gobierno mexicano en estos casos, la red consular enfrenta un problema: tiene menos recursos. Guillén estima que el presupuesto real de los consulados mexicanos se redujo alrededor de 25 por ciento en los últimos cinco años. Esto significa menos capacidad para visitar centros, acompañar casos y ofrecer asistencia jurídica de manera proactiva.
La situación contrasta con la instrucción del gobierno federal mexicano de incrementar las visitas consulares. Según Rendón, se ordenó que personal consular visite constantemente a los mexicanos detenidos, incluso diariamente. Pero la especialista duda que la red tenga suficientes recursos para hacerlo.
A esto se suman las restricciones dentro de los centros. Guillén sostiene que los agentes de ICE pueden bloquear o dificultar las visitas de los cónsules y que incluso legisladores estadounidenses han enfrentado obstáculos para supervisar físicamente las condiciones de los detenidos.
Don Prisciliano señala que su hijo recibió una sola visita por parte del consulado y suelta un dato importante: “el consulado nos dijo que cuando lo visitaron, él estaba bien, entonces su muerte después se nos hace todavía más sospechosa”.
México ha enviado al menos 14 notas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos por la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE, pero estas no han tenido resultados. “Las notas diplomáticas o las exigencias que ha hecho la presidenta misma [...] no han sido ni respondidas”, dice Rendón. Incluso cartas entregadas recientemente por el embajador mexicano fueron devueltas sin ser aceptadas.
Rendón considera que México debería continuar con la vía diplomática, pero concentrar mayores esfuerzos en el terreno judicial y financiar la colaboración con despachos especializados en derecho migratorio estadounidense. Las demandas contra ICE y contra las empresas privadas que operan los centros son, sostiene, una de las pocas vías que han mostrado resultados.
México ya comenzó a explorar ese camino. El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscal General de la República respecto de los 17 casos de mexicanos muertos bajo custodia, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso.
El 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias —8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado— en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
El 14 de julio, el secretario Roberto Velasco Álvarez dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, remitida por conducto de la Misión Permanente de México en Ginebra, para informar los hechos y solicitar que considere recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones técnicas para prevenir hechos de esta naturaleza.
Diez días después de eso, murió Yanito. N+ solicitó una entrevista con el consulado y la cancillería para saber qué acciones se tomarán al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Don Prisciliano dice que quiere justicia por la muerte de su hijo y prepara el envío de una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que proceda a las acciones pertinentes y que el caso se investigue. Mientras, la familia sigue en espera de que les entreguen el cuerpo de Yanito, lo que todavía no ha sucedido a un mes de su muerte, lo que levanta más la sospechas de los familiares.
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