Las 300 sucursales de la institución permanecen cerradas, dejando en pausa los servicios para quienes acudían a empeñar o recuperar sus prendas
Escucha este artículo
La huelga en Nacional Monte de Piedad está a punto de cumplir un año sin una solución, mientras cientos de trabajadores permanecen sin ingresos y más de un millón de usuarios resienten las consecuencias del conflicto. Las 300 sucursales de la institución permanecen cerradas, dejando en pausa los servicios para quienes acudían a empeñar o recuperar sus prendas.
El conflicto dio un nuevo giro este mes al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá determinar si confirma la inexistencia de la huelga o, por el contrario, reconoce la legalidad del movimiento laboral.
Pero, ¿quién es el dueño del Nacional Monte de Piedad? Fundado en 1775 por Pedro Romero de Terreros, Nacional Monte de Piedad opera como una Institución de Asistencia Privada (IAP) sin fines de lucro.
Al no contar con propietarios ni accionistas, su administración está a cargo de un patronato regulado por la Junta de Asistencia Privada. Actualmente, la presidencia del patronato corresponde a Carlos Antonio Zozaya Gorostiza.
Además de su función asistencial, la institución tiene un impacto directo entre sus usuarios. Nacional Monte de Piedad atiende aproximadamente a 1.16 millones de personas activas al año y, de acuerdo con los datos disponibles, 63% de quienes utilizan sus servicios son mujeres.
El conflicto laboral derivó en una huelga que comenzó el 1 de octubre de 2025. De acuerdo con los líderes sindicales, el movimiento responde a presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y a la aplicación de nuevas reglas que, aseguran, afectan la antigüedad y los derechos de los empleados.
Entre las principales demandas se encuentran el respeto íntegro al Contrato Colectivo de Trabajo, el rechazo a cambios en la asignación de plazas y en el sistema de promociones internas, así como la creación de mecanismos transparentes y equitativos para los ascensos. Los trabajadores también exigen mantener la representación sindical y mejorar las condiciones salariales y laborales.
Durante la huelga, los trabajadores han permanecido sin recibir sueldo ni prestaciones, lo que ha afectado directamente sus ingresos. El Sindicato Independiente, que agrupa a alrededor de 700 empleados, ha señalado que algunos de sus integrantes han tenido que buscar otras alternativas laborales ante la falta de recursos y la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.
Las protestas han continuado con distintas movilizaciones, incluida una manifestación frente a la SCJN, donde los trabajadores han exigido una resolución sobre el caso.
El conflicto llegó al máximo tribunal del país, que decidió atraerlo para analizar si la declaratoria de inexistencia de la huelga se ajusta al marco legal. La revisión judicial podría prolongar el proceso hasta por un año.
Ahora corresponderá a la SCJN determinar si confirma la inexistencia de la huelga o si reconoce la legalidad del movimiento. La decisión no solo definirá el futuro de este conflicto laboral, sino que podría sentar un precedente para la defensa de los derechos de los trabajadores.
-1920x1080.jpg&w=1920&q=75)
