El pasado 11 de febrero, un grupo de hombres armados irrumpió en el condominio Laderas del Mar, en la delegación playas de Tijuana, Baja California, para apoderarse por la fuerza de varios departamentos.
De acuerdo con denuncias, días antes habían hecho lo mismo en otro condominio de la zona, donde se apropiaron ilegalmente de 50 inmuebles.
“Se bajan tipos armados y todo el mundo se espantó ¿qué está pasando aquí? Amedrentan al guardia que estaba a cargo, empiezan a golpearlo, lo sacan de ahí y lo obligaron a entregar las llaves”, refirió una víctima de despojo.
Aunque integrantes del llamado cártel inmobiliario fueron detenidos en marzo, vecinos denunciaron a Despierta, un noticiero de N+, que siguen recibiendo amenazas de muerte y restricciones para acceder a sus viviendas.
“Muchos de los vecinos decidieron irse, vendieron, malbarataron, otros temen por su vida”, añadió una víctima de despojo.
El caso es solo la punta del iceberg de un problema que ha incrementado en Baja california: el despojo y los fraudes inmobiliarios.
Los métodos cambian, pero el fin es el mismo: despojar de inmuebles y comercializarlos ilegalmente a bajo precio en redes sociales.
“Es demasiado, hay gente que confiaba e iba a pagar mensualmente su terrenito y ahora se dan cuenta que los dueños no son los que les vendieron”, indicó Ricardo Pérez, habitante de Playas Tijuana.
Al menos 200 personas compraron terrenos en Paraíso Jurásico, en Tecate, sin saber que la inmobiliaria carecía de títulos legítimos, el predio fue asegurado.
Los fraudes patrimoniales en ese estado van al alza: las denuncias pasaron de 2,340 en 2021, a 3,680 en 2023. Y aunque la cifra disminuyó en 2025, víctimas lo atribuyen al miedo a denunciar.
Juicios simulados
El despojo de inmuebles se comete mediante el uso indebido de la prescripción positiva, una figura legal que permite adquirir una propiedad tras poseerla durante cinco o diez años.
“Tuvimos un caso muy sonado de una zona donde una persona quiso prescribir 150 terrenos a la vez, y es donde las víctimas, que son personas de bajos recursos y que con mucho esfuerzo consiguieron tener sus terrenos, pues se vieron afectados”, destacó Michel Sáncehz, diputado local.
Víctimas y abogados denuncian la presunta colusión de jueces, fiscales y funcionarios del Registro Público de la Propiedad para legalizar despojos mediante juicios simulados. Recuperar los inmuebles puede costar hasta 100 mil pesos.
“Al verificar los inmuebles dentro del fraccionamiento Toledo, nos percatamos que había un aproximado de 20 juicios de prescripción de la misma persona, ellos presentan un documento en el cual dice que una moral le vendió el inmueble en fecha 2012, aquí lo curioso es que la moral que le vendió, pues al buscarla en los libros, no existe”, explicó el abogado de una víctima de despojo.
Documentos en poder de Despierta revelan cómo un presunto contrato de compraventa incluye firmas, pero omite los nombres del vendedor y los testigos, impidiendo verificar su identidad. El problema también afecta a empresarios inmobiliarios.
“Alcanzamos a contabilizar más de 100 viviendas que habían adquirido estas personas de esa manera. En un inicio utilizaban contratos privados, pero se fueron perfeccionando. Posteriormente utilizaron escrituras apócrifas, las cuales también fueron perfeccionando”, destacó un empresario inmobiliario.
Los juicios de prescripción positiva representan el 40% de la carga de los juzgados locales. Entre 2021 y 2024, se presentaron más de 800 casos, una cifra sin precedentes.
El congreso local tiene una iniciativa para poner candados a esa práctica desde febrero de este año, pero no ha sido discutida.
“Aquí el problema es que se le dé entrada a este tipo de documentos en el juzgado, que son falsos y pues no tienen veracidad. Si no tienes los recursos, tus cosas a la calle y defiéndete como puedas”, puntualizó el abogado de una víctima de despojo.
Con información de N+ Mónica Cerbón
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