Ante el aumento en el uso de patines eléctricos, scooters y bicicletas eléctricas, el Ayuntamiento de Guadalajara organizará foros de consulta con especialistas y usuarios para desarrollar regulación
Frente al crecimiento desordenado en el uso de patines o scooters, así como de bicicletas eléctricas, el Ayuntamiento de Guadalajara abrirá foros de consulta con especialistas y usuarios con miras a la regulación en el municipio de estos medios alternos de movilidad.
Este ejercicio se suma a la propuesta que ya se presentó en el Congreso de Jalisco para modificar la Ley de Movilidad del Estado.
En el caso de Guadalajara, la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad abrirá la discusión sobre este tema. Por un lado, con el fin de proponer modificaciones a la legislación estatal, y por otro, a la reglamentación del municipio de Guadalajara.
Y es que la ley vigente fija para estos vehículos un máximo de velocidad de 25 kilómetros por hora. La realidad es otra.
Llegan a alcanzar 30, 40 y hasta 60 kilómetros por hora, por lo que ya deberían ser considerados vehículos motorizados
Luis Cisneros Quirarte, de la Comisión de Planeación y Movilidad.
Se partirá de algunos ejes básicos que incluyan el reconocimiento de derechos, pero también de obligaciones a los sujetos de movilidad activa, que es como se reconocen esos medios de transporte en la Ley de Movilidad del Estado.
Se plantea fijar límites de velocidad y establecer sitios específicos de circulación, así como zonas donde no se podría circular.
En la propuesta que presenta el presidente de la Comisión Edilicia, Luis Cisneros, se contempla el uso de aditamentos de seguridad, así como fomentar y facilitar la adquisición de pólizas de seguro y mecanismos de registro e identificación de bicicletas eléctricas y scooters, que la legislación vigente considera como vehículos motorizados, sin que esto represente un costo para el ciudadano.
También se propondrán sanciones por incumplir la legislación en la materia.
Además, se pretende trabajar junto con el Poder Legislativo para establecer una norma oficial que fije criterios de calidad y seguridad para estos medios de transporte
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