El 17 de marzo de 2018, Ricardo Daniel Correa murió en un accidente automovilístico. Su familia lo sepultó en un predio habilitado como panteón en la comunidad de La Cañada, en Atotonilco de Tula, Hidalgo.
“Fuimos a presidencia a pedir el permiso para sepultarlos ahí. Tampoco es que a nosotros se nos haya ocurrido vamos ahí. Y nos dieron los permisos, nos autorizaron en el momento, se hizo de manera pues clara el sepelio, a luz del día”, indicó Adolfo Daniel Correa, hermano de Ricardo.
Ricardo tenía 27 años cuando falleció, era padre de dos niñas y un niño. El 3 de octubre de este año, a más de 8 años de su sepelio, la herida se abrió para sus familiares, cuando les avisaron que exhumaron los restos de Ricardo y los de otro menor de edad que estaba en el panteón, y los trasladaron a otro cementerio.
Los familiares de Ricardo aseguran que no fueron notificados y no estuvieron presentes en ningún momento de este proceso.
“Nosotros no tenemos certeza de que realmente estén ahí. Hay dos tumbas que ahí están, pero no sabemos quién es quién. Si realmente sí están ahí, si llegaron completos, realmente desconocemos la situación”, indicó Adolfo Daniel Correa.
Disputa por predio
El predio donde estaban las dos tumbas fue designado como panteón por el gobierno municipal de Atotonilco de Tula en una sesión de cabildo del 30 diciembre de 2014.
“Sí se cuentan con escrituras de ese terreno que dice panteón municipal y las diferentes documentaciones en las diferentes administraciones que han pasado, inclusive la actual donde se hace mención que ese predio es etiquetado como panteón municipal”, refirió Omar Daniel López, delegado de la comunidad La Cañada, Atotonilco de Tula.
En el predio solo había dos tumbas, porque hay un juicio por los límites con los terrenos colindantes.
“Se encargaban de decir que estaba irregular el terreno y pues obviamente cuando alguien fallece lo menos que quieres es estar pensando en esas situaciones y pues es la urgencia y el estar tranquilos y en paz de enterrar a tu familiar”, añadió Omar Daniel López, delegado de la comunidad La Cañada, Atotonilco de Tula.
El delegado de la comunidad de La Cañada aseguró que detrás de esta exhumación hay un interés por usar el terreno para construir ahí unas 180 casas del proyecto federal “Viviendas para el Bienestar”, propuesta que han rechazado.
El gobierno municipal aseguró que desde hace más de un año han mantenido diálogo con las familias implicadas, que las acciones recientes no fueron arbitrarias pues respondieron al cumplimiento de un ordenamiento formal emitido por el Ministerio Público y que las ejecutaron autoridades de la Procuraduría de justicia del estado, Pero los familiares y el delegado de la comunidad, rechazan esto.
“Entonces llegamos, ahí hay ropa, de hecho, dejaron guantes. Te digo las cajas están rotas, no están. Yo no sé de los procedimientos, pero no necesito ser experto para darme cuenta de que no lo hicieron de la manera correcta”, destacó Adolfo Daniel Correa.
“La manera de hacerlo a las 3 de la mañana culminando el entierro en un panteón que está en la cabecera municipal a las 6 de la mañana. La pregunta está por qué hacerlo en la madrugada, por qué no hacerlo a plena luz del día, por qué no notificar a los familiares, por qué no hacerlo correctamente”, puntualizó Omar Daniel López, delegado de la comunidad La Cañada, Atotonilco de Tula.
Mientras la Procuraduría de Hidalgo realiza una investigación, la familia de Ricardo Daniel exige pruebas científicas para comprobar que los restos que llevaron al otro panteón son de él.
“Ahorita exigimos que nos digan en dónde están y que nos comprueben que realmente sí son ellos”, refirió Adolfo Daniel Correa.
Con información de N+ Arturo Ortiz y Mauricio Mendicuti