Como si se tratara de la escena de un crimen, policías acordonaron el inmueble, mientras ella salió a bordo de una ambulancia
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No debía la renta ni tampoco tenía a dónde ir; aun así, Maricarmen, de 87 años, fue despojada de su hogar. Una casa que alquiló las últimas siete décadas, en donde vivió desde su adolescencia con sus padres. Llena de recuerdos y memorias. Ahora, ha tenido que ser desalojada a bordo de una camilla rumbo a un hospital, sin saber a dónde ir una vez que sea dada de alta.
Este miércoles a las 13:05 horas, una ambulancia llegó al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, España; paramédicos desplegaron una camilla y se introdujeron en el domicilio de Maricarmen. La mujer que vivió 70 años en esa vivienda no saldría por su propio pie; lo haría con asistencia rumbo al Hospital San Gregorio Marañón.
La calle fue acordonada por la policía, como si se tratara de la escena de un crimen, uno que deja a una adulta mayor de casi 90 años en la calle, sin hogar, sin tener a dónde ir.
Era el cuarto intento de lanzamiento desde que Urbagestión, una empresa propietaria del inmueble, adquirió el edificio en 2018. Durante la mañana, la comisión judicial había llegado a la finca y, según declaraciones de la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, al medio español La Vanguardia, se había intentado encontrar una salida que permitiera aplazar el desalojo y realizarlo de manera ordenada.
La defensa pidió 15 días para que la mujer pudiera recoger sus pertenencias. La petición no prosperó.
Tampoco se aceptó, según la abogada, una última propuesta económica: una persona anónima se había ofrecido a cubrir la diferencia entre la renta que Maricarmen podía pagar y la cantidad exigida por la propiedad.
La diferencia era abismal. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, poco menos de 10 mil pesos al mes, y su pensión era de unos 1.350 euros, casi 27 mil pesos mexicanos. La propiedad reclamaba una renta mucho mayor. Según los colectivos que la apoyan, en distintos momentos se llegó a plantear un incremento sustancial del alquiler.
“Ya le mandarán las cajas donde vaya a vivir”, fue, según Duro, la respuesta ante la petición de más tiempo para recoger sus pertenencias.
El Servicio Municipal del Ayuntamiento de Madrid comenzó a buscar una alternativa habitacional de emergencia. Incluso un primo le ofreció alojamiento en su vivienda, pero la mujer rechazó esa posibilidad por las condiciones del inmueble, según personas de su entorno.
Vecinos, activistas y miembros del Sindicato de Inquilinas se concentraron para intentar detener el lanzamiento. Hubo momentos de tensión y empujones, mientras la Policía Nacional mantenía un cordón alrededor del edificio.
El caso de Maricarmen arrastra una larga historia. Su padre firmó en 1956 el contrato de alquiler de la vivienda. Tras su fallecimiento, el contrato pasó primero a su esposa y posteriormente a Maricarmen, bajo las condiciones de una antigua renta actualizada conforme al IPC.
La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, llegó a obtener una resolución favorable en primera instancia, pero posteriormente el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad.
Durante años, su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en Madrid. El Ministerio de Vivienda reclamó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervinieran. El Gobierno municipal sostuvo que sus servicios sociales habían elaborado un informe de vulnerabilidad y que ofrecieron recursos de alojamiento que fueron rechazados por Maricarmen.
La Delegación del Gobierno, por su parte, señaló que la Policía actuó siguiendo el mandato judicial. Al final, ninguna de las alternativas evitó el desalojo.
Maricarmen salió de su casa en una camilla y fue trasladada al hospital y sus pertenencias quedaron atrás.
TLS
