Abogados de la Barra Mexicana y de la Facultad de Derecho de Stanford consideraron hoy 16 de septiembre de 2024 que la reforma recién publicada, que incluye la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, "politizará al Poder Judicial".

El pasado 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales.

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Abogados señalan "grave amenaza para la independencia judicial"

En un comunicado conjunto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford consideran que la reforma al Poder Judicial afecta más de 18 artículos estructurales de la Constitución y calificaron como "alarmante la falta de deliberación significativa y consulta pública".

La recientemente aprobada reforma constitucional en México cambia profundamente el sistema judicial del país. Politizará el Poder Judicial al reemplazar a casi 7,000 jueces en funciones en todo el país con jueces elegidos por voto popular y al establecer un tribunal disciplinario judicial y un tribunal electoral, cuyos miembros también serán elegidos por voto popular y cuyos términos coincidirán con el periodo presidencial.

En el documento, señalan que los cambios "afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución, violan las obligaciones de México bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial y el Estado de Derecho en México".

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Preocupa aprobación exprés

En el documento, los abogados externaron especial preocupación por el tiempo que tomó al Legislativo aprobar la reforma al Poder Judicial y consideran que hubo falta de deliberación y consulta pública.

Es particularmente preocupante que una reforma tan masiva del sistema judicial, que modifica 18 artículos estructurales de la Constitución, haya sido aprobada de manera expedita en tan solo 8 días. La falta de deliberación significativa y consulta pública es alarmante, dada la gravedad de las consecuencias para la administración de justicia en todo el país.

Por último, luego de considerar que las manifestaciones en contra de la reforma fueron ignoradas, aseguraron que "continuaremos monitoreando los desarrollos relacionados con la reforma, particularmente en cuanto a la continuidad de los casos actualmente pendientes en el Poder Judicial, los derechos laborales de los jueces, la composición y los procesos de los comités de evaluación, y la implementación de la reforma a nivel estatal".

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