Más de la mitad de las mujeres migrantes no denuncian las violencias vividas por falta de información y miedo a las represalias
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Desde Tapachula hasta Tijuana, cruzar por México es un desafío para las mujeres migrantes. Un nuevo informe elaborado por Médicos del Mundo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que entre el 70 y el 80% de las mujeres migrantes sufre algún delito durante su tránsito por el país.
Desde hace más de una década, Amnistía Internacional documentó que el 70% de ellas sufría alguna clase de violencia sexual al llegar a nuestro país. En aquel entonces, se volvió popular llamar “inyección anti-México” a los anticonceptivos de larga duración que miles de mujeres se aplicaban anticipando que serían víctimas de abuso sexual. Durante las caravanas migrantes de los años 2017 y 2018, los anticonceptivos estuvieron entre los fármacos más solicitados.
Aunque los flujos migratorios se han vuelto más discretos, los riesgos para las mujeres en tránsito siguen presentes. La gran mayoría debe sortearlos desde la indefensión. Según el informe también elaborado por Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM).
La mayoría de las afectadas no cuenta con información sobre sus derechos. Ante la falta de orientación, deben confiar en lo que encuentren en redes sociales. Una mayoría opta por no denunciar ante el miedo a las represalias.
A esto se debe añadir la falta de infraestructura para atender a las mujeres durante su paso por México. De los 73 Centros de Justicia para las Mujeres que hay en el país, solo 30 están ubicados cerca de las principales rutas migratorias. Solo el 2% de las mujeres atendidas en estos centros son extranjeras.
El informe también señala la falta de recursos para atender esta problemática. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) enfrentó en 2025 una reducción presupuestaria del 10%. Hasta el 80% de los recursos de la institución provenían del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que a su vez ha enfrentado severos recortes.
Las mujeres migrantes tienen derecho a recurrir a la NOM-046, que atiende a las víctimas de abuso sexual y que garantiza la interrupción legal del embarazo. No obstante, las instituciones donde podrían ejercer este derecho no cuentan con los medicamentos y los insumos necesarios para atenderlas. Paradójicamente, la creación de la Secretaría de las Mujeres es un factor en las dificultades para que los recursos lleguen a donde se necesitan. El informe menciona que la consolidación de esta entidad ha provocado retrasos administrativos.
Por ello, el informe sugiere que se incorpore al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este movimiento podría facilitar la atención para las mujeres migrantes.
