La relatora señaló que es necesario fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y avanzar en tener una legislación contra el desplazamiento forzado
Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los derechos de las personas desplazadas internas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló, en un conversatorio sobre este tema, que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas continúan, en México, sin contar con las medidas de protección adecuadas para realizar su labor y muchas veces deben desplazarse por esta causa, lo que tampoco les garantiza su seguridad.
Las personas defensoras de derechos humanos yperiodistas continúan con medidas de protección inadecuadas e incluso la relatora anterior, en su visita a México, hace un año, conoció casos de periodistas que fueron asesinados en su nueva ubicación.
Además, Gaviria Betancur dijo que "se observa la falta de medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de planes integrales para la reubicación de la familia de las personas objeto de la medida de protección".
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Dijo durante el conversatorio desarrollado este 11 de julio en la Ciudad de México, bajo la organización de diversas asociaciones de la sociedad civil, que los riesgos enfrentados por las personas defensoras y periodistas así como su desplazamiento a raíz de agresiones, criminalización, amenazas y distintos ataques, así como la impunidad en torno a esto, han sido objeto de preocupación por distintos expertos de Naciones Unidas, no solo por lo que implica para la víctima sino porque esta violencia tendría un efecto inhibitorio para personas que ejercen el mismo rol.
Cuando se afecta a losdefensores y periodistas, las democracias ya no son las mismas y ahí los estados tienen que reaccionar y darle a esto prioridad, siento que (en México) están a tiempo de que esto, que ya es grave, no se vuelva un problema mayor, como lo es en Colombia. Estamos a tiempo de quemecanismoscomo este (como el de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas) funcionen mejor.
Debe ser prioridad entonces, dijo Gaviria Betancur, reconocer y, la relatoría quiere ser socia en insistir al gobierno, que necesitan respuestas de prevención, de protección, de asistencia y de soluciones duraderas para las personas desplazadas.
Destacó que México avanza a nivel federal con instrumentos y acciones, pero falta.
Creo que hay voluntad política, claro siempre se puede hacer mucho más, pero están dadas las condiciones para que avancen los temas como deberían avanzar. A nivel federal está todo el reclamo de la posibilidad de contar con un marco normativo a nivel federal, que está en el senado, y que tiene desafíos pero que es mejor que alga a que no se cuente con este marco legal (sobre desplazamiento interno forzado).
En su intervención en el conversatorio sobre desplazamiento interno forzado de personas defensoras y periodistas, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo que la impunidad en los casos de amenazas, atentados contra la integridad física, así como la materialización de lesiones y homicidios es la principal causa de la prevalencia y el aumento de las agresiones fatales en contra de este grupo.
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En este sentido, añadió, la debida diligencia de las instituciones de procuración y administración de justicia -en colaboración con los organismos del ejecutivo dispuestos para la prevención y atención de las víctimas, tales como los mecanismos de protección- implica la correcta investigación, sanción efectiva por parte del aparato de justicia, reparación del daño a víctimas directas e indirectas, énfasis particular a los cambios estructurales y reconocimiento de las victimas a la no repetición de las violaciones a derechos humanos.
Hemos identificado la necesidad de fortalecer a los mecanismos y fiscalías en su capacidad técnica para realizar efectivas evaluaciones de riesgo y alternativas de protección que vayan más allá de la aplicación de un código águila, botones de pánico, o escoltas.
Una tercera acción necesaria, señaló Ramírez, es un seguimiento y continua valoración efectiva y monitoreo de los casos, la evolución de los contextos que los generaron, la implementación de las medidas de protección y el estado de las víctimas.
Como elemento adicional se ha observado la persistente omisión de un adecuado análisis de contexto de los casos tanto para el otorgamiento de las medidas de protección como para la correcta investigación de las agresiones y sus consecuentes sanciones.
Casos icónicos como el documentado en la recomendación 4/2017 de la Comisión, como es el caso Narvarte, constata que las personas defensoras y periodistas recurren a sus redes personales para su protección cuando se desplazan a causa de las agresiones y amenazas que sufren, lo que muchas veces las expone más a ellas y a sus redes.
Otro aspecto a resaltar, subrayó, es la falta de coordinación interinstitucional para poder brindar atención integral a las personas desplazadas antes, durante y después de las amenazas y agresiones. "Esta falta de coordinación institucional parece ser estructural, en tanto muchos otros sistemas diseñados para la protección de grupos de atención prioritaria padecen del mismo problema"
Asimismo, la falta de medidas de ayuda, orientación jurídica, atención psicológica y médica también es una constante que suma a las víctimas una carga desproporcionada, en un contexto muy adverso de desplazamiento.
Ramírez aseguró también que la información sobre las personas defensoras y periodistas desplazadas internas es muy limitada.
Tenemos una falta de información para saber las dimensiones, los flujos y las rutas del desplazamiento forzado interno
En estas circunstancias, concluyó, "periodistas y personas defensoras requieren de mecanismos de atención y protección integral por parte del estado y de los gobierno y los municipios y los estados expulsores, para resolver las causas que amenazan la integridad, y en las entidades receptoras se necesitan los mínimos necesarios para garantizar un proceso de inclusión social temporal o definitivo".
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