Aunque por Ley deben recibir ayuda gubernamental, muchas no la tienen o reciben muy poco y esta no es integral, falta atención médica y psicológica
Su turno como empacadora en un supermercado de Torreón, Coahuila, ha terminado y apenas logró reunir 289 pesos. Antes de ir a su casa pasa a comprar algo de despensa para ella y para su nieta, le quedan apenas 28 pesos, y tendrá que esperar dos días para que vuelva a tocarle trabajar por políticas de la cadena comercial.
A María del Refugio Montoya Herrera le cuesta trabajo conseguir otro empleo por la edad, tiene 66 años, y muchas dolencias, padece de presión baja y tiene problemas en el colón que le producen graves sangrados.
Con lo que gana en el supermercado y la pensión del gobierno por ser adulto mayor debe resolver sus gastos y los de su nieta, de la que se hace cargo desde que una de sus hijas, Elda Adriana Valdés Montoya, desapareció, en agosto de 2020, en Guadalajara, Jalisco, a donde había ido a trabajar.
Al principio, María del Refugio tenía con ella a los cuatro hijos que dejó Elda Adriana, quienes entonces tenían 15 años, 13 (unos cuates) y 11. Pero la adulta mayor no pudo con todos los gastos, y una tía paterna (el padre tiene otra familia y no se hace cargo de ellos) se llevó a los tres niños menores a Durango.
"Ellos no están bien allá, ni siquiera van a la escuela, pero yo para qué me los traigo si no tengo cómo mantenerlos", cuenta que aún debe dinero de préstamos que pidió para sostenerlos.
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Como María del Refugio hay muchas abuelas haciéndose cargo de sus nietos, después de la desaparición de sus hijos, en un país que ya cuenta más de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas. No se sabe cuántas abuelas, quienes se quedan como las principales cuidadoras, están en esta condición, no hay un censo que las registre ni a los nietos.
N+ entrevistó a una decena de ellas, en diferentes estados, y encontró que muchas están sin apoyo, otras reciben muy poco: la ayuda económica es solo temporal y la atención no es integral, por ejemplo, no disponen de servicios psicológicos ni médicos. Además, muchas están desempleadas, por la edad o por lo que implica la búsqueda de sus hijos o hijas, y son revíctimizadas por el Estado.
Aunque por Ley (lo establece, por ejemplo, la Ley General de Desaparición en su artículo 138) María del Refugio debería recibir un apoyo de la comisión de víctimas, no se lo han otorgado, ni en Jalisco, donde desapareció su hija, ni en Coahuila, donde ella reside.
Los de Jalisco me prometieron muchas cosas, me dijeron que me iban a dar despensa, y solo me la dieron dos meses, me prometieron otros apoyos y es fecha que no me los dan. Los de Coahuila me dijeron que iban a coordinarse con Jalisco y nada más no pasa nada.
Cuando se presume que una desaparición deriva de un delito federal, entonces la encargada de otorgar los apoyos es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Cuando es por un delito del fuero común le toca a las comisiones estatales.
Pero "cada estado interpreta como quiere la obligación del apoyo que por ley les corresponde a las familias y a muchas de ellas se les niega", dice Juan Carlos Trujillo, de la Red de Enlaces Nacionales y uno de los organizadores de la Brigada Nacional de Búsqueda, que se hace en México cada año.
Otra abuela que no recibe nada del gobierno es María Teresa Lomelí Pérez, su hija Alejandra Guadalupe Campo desapareció el 3 de marzo de 2022. Tenía una cita médica a la que acudió con su esposo y ninguno de los dos regresó, desaparecieron en la colonia Villa Verona, en Zapopan, Jalisco. Dejaron una niña de entonces dos años, que hoy tiene cuatro y vive con su abuela y su tía.
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La pequeña tiene autismo. María Teresa ha acudido a la Comisión de Víctimas de Jalisco a solicitar apoyo sin éxito, fue al DIF y le dijeron que hay lista de espera de tres años. Ante esta respuesta, asumió el costo de las terapias de la niña, con ayuda de su otra hija. "Ahorita está yendo a dos por semana, de lenguaje y psicomotoras, pero en realidad debería ir a cuatro, solo que cada una cuesta 500 pesos y no nos alcanza".
La abuela dice que cuidar a la niña no le pesa. "Es un regalo, le agradezco a Dios que la tengo, sin ella ya no me hubiera levantado después de la desaparición de mi hija, pero mis fuerzas ya no son las mismas y el gobierno nos deja muy solas".
N+ solicitó una entrevista a la Comisión de Víctimas de Jalisco para ver por qué no hay apoyo, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Por Ley se debe informar a las familias a qué tienen derecho, pero esto no sucede, y muchas veces las hacen dar vueltas entre diferentes instituciones. Eso le ocurrió a María Antonieta Eliseo Varela, luego de la desaparición de su hijo Luis Enrique Acosta Eliseo, en agosto de 2018, en Culiacán, Sinaloa. Ha pedido apoyo en la Comisión de Víctimas del estado para su nieto de ocho años, pero solo le otorgaron una beca por un año.
Para renovarla la han traído de una institución a otra, en la Comisión de Víctimas estatal le dijeron que fuera a la Secretaría de Bienestar del estado y ahí la regresaron a la Comisión. Del apoyo al que tiene derecho no le han dicho nada, así que ella, de 53 años, sostiene al niño con su sueldo de empleada en una oficina.
Para ser beneficiario de un apoyo, los familiares tienen que solicitar, ante el ministerio público, la calidad de víctimas, para esto deben acreditar la relación de parentesco y que han sufrido un daño en sus derechos con la desaparición de la persona.
Después deben acudir a la Comisión correspondiente y solicitar el apoyo, les hacen estudios socioeconómicos y un comité decide si son beneficiarios. En los casos anteriores estos estudios ni siquiera han hecho.
A Sara Leticia López sí se los hicieron y la Comisión de Víctimas de Guanajuato decidió darle un apoyo de de 3 mil 200 pesos al mes, pese a que se hace cargo de su nieta, de ahora 8 años, desde la desaparición, el 17 de enero de 2020, de su hija Sara Mendoza.
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Como la decisión de otorgarlos queda a criterio de un Comité, Juan Carlos Trujillo cataloga el proceso como discrecional. "Esos comités se enfocan en cuidar el recurso, no en garantizar los derechos de las familias", acusa.
"Sí es discrecional, porque, ¿quién los tabula? No hay un tabulador en base al que se otorguen los apoyos", señala María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras de Sinaloa.
Ivette Galván, co-coordinadora del área de Defensa del Centro Prodh, dice que muchas veces los recursos que se dan son muy limitados, porque el presupuesto que les están dando a las Comisiones ha bajado.
En efecto, los recursos de las comisiones han venido a la baja. La CEAV gastó en 2023 un total de mil 557 millones, para 2024 el presupuesto que tiene es menor, es de mil 068 millones, una reducción de 31.3%. También ha bajado en estados como Jalisco y Ciudad de México, con una disminución de 8 y 5.6%.
El otro problema, aunado a los bajos montos que se otorgan, es que no se da atención integral. "No hay programas especiales para estos niños, si necesitan ir al médico es más fácil llevarlos al centro de salud que gestionar el apoyo con las comisiones de víctimas", dice Jacqueline Palmeros, fundadora del colectivo de familias buscadoras, de la Ciudad de México, Una Luz en el Camino, quien se hace cargo de su nieto desde la desaparición en 2020 de su hija Jael Montserrat Uribe Palmeros.
A Sara Leticia López, por ejemplo, no le cubren la atención psicológica adecuada ni médica para su nieta y a la señora se le complica atenderla, no tiene trabajo. Durante 25 años trabajó como promotora de autoservicio, pero se quedó sin empleo por andar en la investigación de la desaparición de su hija y al cuidado de la menor. Sus otros hijos le ayudan con algunos gastos, pero no alcanza.
La niña está mal desde la desaparición de su madre. Sara Leticia ha tenido que andar buscando donde la atiendan.
Proximidad ciudadana me da el apoyo psicológico, gracias a un proyecto para hijos de víctimas de delito, porque en la Comisión de Víctimas solo dan diez sesiones.
La menor necesitaba además una audiometría, porque no escucha bien. "Le dije a la Comisión y la cita para el centro de salud tardó tanto que mejor la llevé yo al doctor y hasta después llegó la cita, la llevé y no le han hecho el estudio, nada más vamos a que nos traten mal y nos traigan vuelta y vuelta".
N+ preguntó a la Comisión de Víctimas de Guanajuato por qué los apoyos no son integrales y la respuesta fue que se da un apoyo alimenticio pero en cuanto a la cuestión psicológica y médica solo se hace la vinculación con otras instituciones, pero solo en el caso de que el trastorno o la enfermedad sea derivada del hecho victimizante, algo que, señalan las familias, siempre es muy difícil de probar.
El otro problema que enfrentan estas abuelas es que cuando sí les dan apoyos, estos duran el tiempo que cada Comisión decida. Ivette Galván, del Centro Prodh, dice que en cada estado la temporalidad es distinta, en algunos duran seis meses, en otros tres y se hace una evaluación para ver si continúan o se retiran.
A Elena López Gutiérrez de la Ciudad de México ya quieren retirárselo. Su hija, Elena Lilieth Álvarez López desapareció el 20 de julio de 2017, en la alcaldía Benito Juárez. Sus hijos tenían entonces 15 y 10 años, ahora ya tienen 17 y 22.
Elena era secretaria, pero perdió su trabajo por estar buscando a su hija. El apoyo de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México le llegó hasta noviembre de 2022, cuando un colectivo de familiares de desaparecidos le ayudó a gestionarlo. Le dan 4 mil 600 al mes.
A la abuela, de ahora 63 años, le ha pasado factura la ausencia y búsqueda de su hija y el cuidado de las nietas. Está perdiendo la visión.
Se me dañaron los nervios de los ojos, el médico me dijo que es por tanto estrés, ya solo tengo 10% de visión en el izquierdo y 80% en el otro, y así voy a ir perdiendo la vista.
La nieta mayor, de ahora 22 años, ya es independiente y es mamá de una niña. Pero la menor, de 17 sigue estudiando, está en la preparatoria. "Un tiempo tuvo que dejar la escuela, porque estaba muy difícil la situación, el apoyo de Ceavi tardó mucho en llegar, y ahorita ya está en la preparatoria y sí le dieron su beca, pero nos preocupa que me quiten el apoyo".
N+ le preguntó a la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México por qué le van a retirar el apoyo a Elena, y la respuesta fue que "la normatividad señala que los plazos autorizados son por seis meses, prorrogables en los casos que lo ameriten, para evitar dependencia asistencial vitalicia, pero se generan planes integrales, con otros apoyos, que incluyen proveer los medios de sustento por diversas vías".
Frente a todo esto, Jacqueline Palmeros, de Una Luz en el Camino, enfatiza que "el gobierno necesita voltear a ver hacia acá, aquí es donde hace falta un censo y hace falta atención".
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