Investigaciones señalan que, presuntamente, habrían introducido o intentando introducir a los Estados Unidos aproximadamente 2 mil 881 envíos de petróleo crudo mediante una factura falsa.
El miércoles 23 de abril de 2025, se desarrollaron dos operativos simultáneos encabezados por autoridades federales de Estados Unidos, a partir de acusaciones en una corte federal del sur de Texas.
En el estado de Utah, fueron arrestados los miembros de una prominente y acaudalada familia: el matrimonio conformado por James Lael Jensen y Kelly Anne Jensen, y sus hijos Maxwell Sterling Jensen y Zachary Golden Jensen, quienes enfrentan cargos por conspiración por lavado de dinero así como ayudar e instigar contrabando de bienes a los Estados Unidos y declaraciones falsas para dicho propósito.
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Paralelamente a los arrestos en Utah, se desarrolló un operativo encabezado por autoridades federales en la localidad de Río Hondo, Texas, a unos 35 kilómetros de la frontera con México. En dicha ciudad se ubican las instalaciones de la empresa Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, las cuales fueron aseguradas y colocadas bajo vigilancia policiaca.
La acusación señala que "intencionalmente y con conocimiento", introdujeron o intentaron introducir a los Estados Unidos aproximadamente 2 mil 881 envíos de petróleo crudo mediante una factura falsa o fraudulenta, o cualquier otra práctica falsa y fraudulenta para importar mercancía que declararon como "desperdicio de aceites lubricantes y destilados de petróleo" cuando, los demandados sabían, que dicha mercancía importada contenía petróleo crudo.
El jueves 24 de abril de 2025, comparecieron en la Corte Federal de Brownsville los hermanos Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, y Zachary Golden Jensen de 26 años. El juez federal Ignacio Torteya Tercero decidió no concederle fianza a Maxwell Sterling Jensen, ya que, entre otros factores, viajó hasta en seis ocasiones a Las Bahamas, donde tiene cuentas bancarias y una residencia.
En cambio, el juez federal concedió a Zachary Golden Jensen una fianza de 100 mil dólares, de los cuales pagó el 10 por ciento para recobrar la libertad, pero deberá permanecer en arresto domiciliario en el estado de Utah, solo podrá salir para trabajar, educación, servicios religiosos y ver a su abogado, y deberá portar un grillete electrónico para monitorear su posición.
Familiares de los detenidos, así como los representantes legales, declinaron hacer declaraciones a la prensa. Las audiencias previas al juicio se realizarán durante los meses de mayo y junio.
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