Cerca de 800 trabajadores exigen transparencia y respeto a su trayectoria, el OAJ asegura que los exámenes serán diagnósticos y no pondrán en riesgo sus empleos
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Alrededor de 800 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Tijuana se sumaron al paro nacional contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño, al considerar que las disposiciones generan incertidumbre sobre su estabilidad laboral y trayectoria dentro de la institución.
Los empleados exigen transparencia en el proceso y respeto a sus derechos laborales, al manifestar su inconformidad con los exámenes programados para diciembre de 2026. La suspensión de actividades ha provocado retrasos en trámites y procedimientos judiciales.
Ante las protestas registradas en distintas sedes del país, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un posicionamiento en el que aseguró que la evaluación del personal de carrera judicial no pone en riesgo la permanencia de ningún trabajador ni representa un mecanismo para justificar despidos.
En un comunicado fechado el 6 de noviembre, el organismo explicó que la evaluación responde a una atribución constitucional establecida en el artículo 100 de la Constitución y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.
El OAJ precisó que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá exclusivamente fines diagnósticos, por lo que no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.
De acuerdo con el organismo, el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia. Asimismo, señaló que la primera evaluación ordinaria con efectos previstos en la legislación se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.
El órgano también reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y reiteró su disposición al diálogo, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal para fortalecer la carrera judicial.
Mientras tanto, en Tijuana los trabajadores mantienen sus exigencias de transparencia y respeto a sus condiciones laborales, en medio de las afectaciones que el paro genera en la atención de asuntos judiciales.
Infomación Carolina Vázquez
APG
